Las medidas de emergencia que están tomando los abogados de La Nación para evitar que sus clientes vayan a prisión, en caso de ser condenados por evasión fiscal, podrían ser inútiles debido a la reciente aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria.
Esta normativa, aprobada el 28 de setiembre de 2012, viene a reformar algunas de las normas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, específicamente en la parte que en este momento se encuentra en discusión, lo que corresponde a la sección de infracciones y sanciones.
Según explicaron algunos expertos en temas tributarios, que prefirieron el anonimato para no afectar a sus clientes, la reforma respondía en buena parte a que estos delitos nunca llegaban a una sentencia condenatoria, por lo que se buscó fortalecer las sanciones administrativas, como son las multas.
“Finalmente lo que Hacienda busca es que los evasores paguen y no que vayan a la cárcel, cosa que nunca pasaba”, comentó el experto.
De esta forma solo aquellos que realmente dañaron a Hacienda con montos de defraudación muy altos son lo que llegarían a ser condenados con penas de cárcel y esto haría más eficiente el sistema.
CASO NACIÓN
En el caso del periódico La Nación, los representantes de la empresa Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Carlos Alberto González Jiménez y Jorge Javier León Longhi son investigados por el delito de “inducir error a la Administración Tributaria” por ¢1.900 millones, lo que presenta 5 mil veces el salario mínimo de referencia de ley.
Como parte de la estrategia legal prestada por los abogados de la parte acusada se encuentra declarar inconstitucional la norma que sancionaría el delito que se persigue y con esto el proceso no tendría sentido, ya que no habría castigo en caso de ser declarados culpables.
Para ello aprovecharon una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Mayra Marlene Zamora Alvarado, quien es juzgada por un delito similar, y presentaron una coadyuvancia, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia.
En este nuevo escrito Manrique Jiménez Meza, apoderado especial judicial de Manuel Jiménez, insiste en el argumento de que la norma no es proporcional ni tiene el principio de razonabilidad cuando se castiga con cárcel este tipo de delitos.
Para algunos expertos consultados por DIARIO EXTRA lo ocurrido recientemente con resoluciones de la Sala Cuarta, cuando analizaron las acciones en contra de la antigua Ley de Tránsito, en el tema de proporcionalidad entre el tipo de falta y la sanción que le corresponde, podría ser la carta que los juristas se están jugando.
De manera que no es del todo descabellado que los abogados reclamen que pasar de una sanción económica aunque sea alta a otra que ni siquiera permite la conciliación o la ejecución condicional de la pena es totalmente desproporcionado.
En este sentido deberán ser la Fiscalía y la Procuraduría quienes demuestren a los magistrados la razonabilidad de la sanción, si se toma en cuenta que el dinero dejado de percibir por el fisco pudo representar recursos para la compra de equipamiento médico para salvar vidas o dotar de mayores recursos a programas de bienestar social. Otro de los argumentos presentados por Jiménez asegura que los conceptos jurídicos en la norma impugnada son indeterminados, de manera que dejan a criterio del juez su interpretación y a su vez pone en desventaja al presunto infractor.