Expertos señalan que diversas formas de financiación alternativas podrían ser clave para alcanzar los objetivos del país, como el desarrollo de obras públicas, la reducción de la brecha social, la descarbonización y la capacitación del personal.
Entre las opciones disponibles se encuentran dos figuras que han estado presentes en la normativa nacional durante algún tiempo, pero que aún no se han explotado completamente: los fideicomisos y los fondos de inversión a través de la titularización de activos.
Según el economista Javier Cascante, existen casos de éxito en la región de los cuales Costa Rica podría aprender, como el programa de concesiones de carreteras en Chile, la titularización de ingresos de autopistas en México y los fideicomisos aplicados en proyectos 4G en Colombia.
Estos instrumentos brindan la posibilidad de generar más alianzas público-privadas, involucrando tanto entidades estatales como del sector privado, como aseguradoras, operadoras de pensiones y diversas entidades de intermediación financiera.
¿Cómo funcionan?
Los fideicomisos de obra pública son instrumentos utilizados para financiar, desarrollar, administrar y mantener infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos.
A grandes rasgos, esto se hace por medio de un esquema en el que los recursos económicos y bienes relacionados con el proyecto son transferidos a un fiduciario (generalmente una institución financiera), que los administra de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. Su objetivo principal es garantizar la ejecución eficiente de los trabajos.
En el caso de los fondos de inversión, se hacen a través de la titularización de esta obra, en el cual la infraestructura que se fabrica convierte sus flujos futuros de ingresos en valores negociables (títulos o bonos) que pueden ser vendidos a inversionistas en el mercado de capitales.
Este proceso permite que el Estado o una entidad pública obtenga financiamiento inmediato para la construcción o mantenimiento, utilizando los ingresos futuros como garantía. Esta modalidad ha ganado relevancia al facilitar la participación de inversionistas institucionales en el desarrollo de proyectos viales.
Reto para el país
Para el estratega de inversiones Javier Cortés, uno de los principales retos de la Administración Pública es encontrar la forma idónea de titularizar los activos
“Una de las limitaciones que tiene la obra pública es que para poder facilitar a través de instrumentos de inversión y hacerlo llegar al mercado tiene que ver con que no hay titularización”, manifestó.
Según dice, se debe realizar un análisis de cuáles serán los flujos de caja que se esperan generar, con el fin de repagar a los inversionistas. En el caso de estos trabajos pueden ser peajes, cánones o tarifas de uso. De acuerdo con Cascante, lo primero que debe atenderse es la seguridad jurídica de los proyectos.
“Que la obra que se va a construir cuente con los diseños adecuados, las autorizaciones respectivas y las expropiaciones necesarias”, afirmó.
Asegura que esto es lo que puede influir en la decisión de una entidad interesada en invertir, al elegir entre una opción u otra. Señala que, no solo en Costa Rica, sino en muchos países, un entorno inseguro puede provocar retrasos en los proyectos, lo que a su vez retrasa el inicio de la recuperación de la inversión
Javier Cortés
Estratega de inversiones


Javier Cascante
Economista