La flexibilización de la restricción vehicular sanitaria y el aval para que el público vuelva a los estadios no es más que el banderazo de salida para la campaña electoral impulsada por el oficialismo.
Misteriosamente, una vez que el partido en el poder tenga aspirante a la Presidencia, en setiembre, se eliminará la limitación para circular por placas pares o impares los fines de semana, mientras que de lunes a viernes se mantendrá de 10 p.m. a 5 a.m.
El anuncio cae de maravilla en momentos cuando el país requiere de reactivación económica, pero suena muy extraño que se avisara en este momento, justo el fin de semana antes de la convención del Partido Acción Ciudadana (PAC) y a falta de un mes para inicio de la campaña electoral.
Otro aspecto que no calza en el rompecabezas es que los casos de Covid van en incremento, al punto que para esta semana estamos en el umbral de los 2.000 casos diarios.
Cuando ese mismo comportamiento se produjo a finales abril, el Gobierno corrió a meterle el martillazo al comercio para la primera semana de mayo, pero en esta oportunidad la Administración optó, sospechosamente, por flexibilizar las medidas.
Pero, cuando los casos iban hacia abajo, más bien las autoridades decidían endurecer restricciones, de modo que ahora queda el sinsabor de cuál es la verdadera posición del Ejecutivo en torno a la pandemia.
¿A cuál discurso le creemos los costarricenses? ¿A la diatriba alarmista, mecánica y de miedo que difunde Daniel Salas con todo el Ministerio de Salud? ¿A las acciones del Gobierno que parecieran centrarse en incidir de manera directa para que quien resulte ganador de la convención PAC obtenga apoyo popular aprovechándose de que el oficialismo tiene la papa en la mano para dictar medidas a su antojo?
Nadie duda de la experiencia de Daniel Salas como profesional en la salud, pero en cuanto a interlocutor de Gobierno pareciera una persona sumamente oportunista, a quien le encanta venderle humo a la población con el manejo de la pandemia a su conveniencia, pues pareciera que se presta para seguirle la corriente a un Gobierno que quedó debiendo en reactivación económica.
Qué fácil dirigir desde un escritorio las decisiones políticas, así como lo lee, políticas, porque desgraciadamente pesan más esos intereses que los sanitarios. Los verdaderos héroes de la atención de la pandemia son los doctores, enfermos y médicos que atienden en primera fila, desde los hospitales, que están batallando contra la enfermedad exponiendo su propia vida.
Ahora bien, los diputados buscan aliviar a la población con el proyecto de Ley que busca rebajar el costo del marchamo al reducir impuestos a la propiedad del derecho de circulación, rubro que absorbe el 70% del costo total.
Precisamente sobre este asunto, el Ministerio de Hacienda ya salió a decir que no están de acuerdo y que, si prospera la iniciativa, el costo por pérdidas rondaría los ¢70 mil millones. Claro, pero ¿y el gasto qué? ¿Qué están haciendo para contenerlo? Lo único en que piensan es en cobrar y aprobar impuestos, más impuestos y sacarles hasta los ojos a la población, sin importarles el beneficio.
Obvio, como ya surgieron las críticas de las personas, con justa razón, reclamando que les toque pagar la totalidad del marchamo cuando el Gobierno metió a la sociedad costarricense una fuerte presión para que no sacara su carro, entre aumentos sucesivos de combustible y restricciones para circular, entonces andan buscando cómo hacer que el conductor sí cancele completito su derecho de circulación.
Pero mientras tanto el Gobierno también pretende posicionar un tren eléctrico de primer mundo en un país que carece de infraestructura ferroviaria para un proyecto tan ambicioso como ese, e incluso un mal pensado diría que alguien busca dejarse una comisión por ahí.
El manejo de la pandemia por parte de las autoridades es nefasto desde el día 1 en que se cerró todo en el país “por Covid”, curiosamente justo después de que a la Administración Alvarado Quesada le estallara en la cara el caso de la UPAD, por lo cual ahora solo se esfuerzan por quebrar al país y restringir las libertades que antes teníamos como población.
El Poder Ejecutivo sigue jugando con los derechos de los costarricenses, pero si se lee entre líneas, las verdaderas intenciones se pueden captar.
Recordemos cuando el Gobierno se negó a la apertura de los bares hace un año excusándose en que esos sitios eran focos de contagios, sin embargo, cuando se le salió de las manos la huelga del Movimiento Rescate Nacional en octubre anterior, echaron mano de esa medida para sacar agua del bote y así subir su deplorable y cuestionada imagen gubernamental.
Algo similar ocurre ahora con la habilitación de aficionados para ver los partidos de la Selección Nacional, aunque únicamente vayan 3.000 aficionados de los 35.000 para los que el Estadio Nacional tiene aforo. Están buscando de alguna forma complacer a la población cuando la imagen del Gobierno sigue por los suelos.
La campaña nacional arranca oficialmente el 6 de octubre, pero desde hace rato se inició a lo interno en los partidos políticos y el Gobierno lleva casi siete años en esfuerzos proselitistas y tapando tortas a una agrupación oficialista que ya de por sí está deteriorada y sin credibilidad entre la población.
Está bien que el Gobierno flexibilice, pero que no sea descarado al aprovechar los vientos políticos para hacer lo que debió efectuar hace rato… Ya solo falta que pongan a ondear en Casa Presidencial otra bandera más a la que le muestren mayor respeto las autoridades que a la costarricense, una roja, amarilla y bastante desteñida.