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La débil recaudación tributaria, el aumento de la deuda y las trabas al financiamiento externo persisten como riesgos para Costa Rica, pese a que Fitch elevó su calificación soberana de BB a BB+ este 18 de noviembre.
“La debilidad de los ingresos del Gobierno ha frenado la consolidación fiscal, en medio de una deflación persistente, pequeñas reducciones tributarias y una mayor actividad en sectores de baja tributación”, advirtió Fitch Ratings en su informe.
Los ingresos del Gobierno Central crecieron apenas un 0,1% entre enero y setiembre de 2026. Fitch proyecta un déficit financiero del 3,9% del producto interno bruto (PIB) este año y del 3,6% en 2027.
El superávit primario, que excluye intereses, bajaría del 0,9% del PIB en 2025 al 0,3% en 2026 y se recuperaría al 0,6% en 2027. Fitch ve poco margen para recortar más gastos y resultados inciertos de las medidas tributarias.
La inflación fue negativa entre mayo de 2025 y agosto de 2026. En setiembre llegó al 0,3% y en octubre al 0,6%. Para Fitch, el bajo crecimiento de los precios perjudica los ingresos fiscales, aunque la producción continúe aumentando.
La deuda del Gobierno Central seguiría por encima del 60% del PIB, umbral que activa límites más estrictos al gasto. Fitch la estima en un 60,5% en 2026 y un 61,8% en 2027.
“El país sigue dependiendo en gran medida del mercado interno para financiarse, que proporciona fondos estables y costos de endeudamiento comparables con las alternativas externas”, señala el análisis de la agencia, en traducción del documento original.
La falta de autorización para colocar títulos en el exterior sigue siendo una limitación. Se tramita un proyecto para emitir hasta $1.500 millones anuales, mientras Hacienda ha recurrido a notas en euros colocadas localmente a mayor costo.
Fitch señaló dificultades para impulsar reformas pese a que el Gobierno de Laura Fernández dispone de 31 de los 57 diputados. Mencionó temas que han generado fricción entre los legisladores como el presupuesto de 2027, el endeudamiento externo y el retiro de un proyecto eléctrico.
“La agenda de reformas de la administración enfrenta dificultades en una Asamblea Legislativa propensa a los bloqueos, incluso cuando el Gobierno cuenta con mayoría parlamentaria”, sostuvo la calificadora en su reporte.
El modelo cuantitativo de Fitch asigna al país una nota equivalente a BBB+, pero su comité aplicó un ajuste de dos escalones por los bloqueos institucionales y otro por el elevado peso de los intereses sobre los ingresos del Gobierno Central. Así, la calificación definitiva se situó en BB+, por debajo del grado de inversión.
Condiciones para el grado de inversión
Una reducción sostenida de la deuda y los intereses frente a los ingresos favorecería otra mejora. También ayudarían reformas que faciliten el financiamiento externo y un crecimiento más amplio entre sectores.
Por el contrario, advierte que un deterioro fiscal que acelere el endeudamiento o una pérdida importante de dinamismo económico podrían conducir a una rebaja de la calificación.
“Una consolidación fiscal compatible con una trayectoria descendente de la deuda respecto al PIB y de los intereses en relación con los ingresos” figura entre las condiciones para una eventual mejora, de acuerdo con el documento.
A pesar de esas advertencias, Fitch elevó de BB a BB+ la calificación de incumplimiento de emisor a largo plazo de Costa Rica y mantuvo la perspectiva estable. La nueva nota permanece un escalón por debajo del grado de inversión, cuyo primer nivel es BBB-.
La decisión reconoce el crecimiento económico, las reservas internacionales y el financiamiento local. Fitch prevé que el PIB crezca un 3,2% en 2026 y un 3,3% en 2027, frente al 4,6% de 2025.
La actividad económica medida por el IMAE se desaceleró al 2,7% hasta setiembre, frente al 4,8% de 2025. Fuera de las zonas francas, la producción avanzó aproximadamente un 3,3%, según el reporte.
Las reservas internacionales superaron los $20.400 millones a mediados de noviembre. La agencia calcula que el déficit de cuenta corriente alcanzará un 1,6% del PIB este año y estará cubierto por flujos netos de inversión extranjera directa equivalentes al 7% del PIB.
El informe también menciona la desaceleración de las exportaciones, cuyo crecimiento interanual fue del 4,4% hasta setiembre, y el estancamiento de los envíos de dispositivos médicos ante los aranceles estadounidenses.