
La Fiscalía Adjunta de Limón rechazó las acusaciones del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, tras aclarar que no hubo omisión en la persecución de delitos por el ingreso de celulares en casos recientes.
Según el Ministerio Público, el incidente involucró a dos adultos mayores que, al llegar al centro penal, consultaron voluntariamente dónde debían dejar sus teléfonos personales para su resguardo, lo que demostró que no existía intención de introducirlos de forma ilícita.
El despacho judicial detalló que, tras analizar los hechos, se determinó que no se configuraban los elementos de un delito al no detectarse una “conducta dolosa”.
Ante los señalamientos de las autoridades de Justicia, la institución calificó de “incorrecto” afirmar que se han negado a perseguir delitos.
Esta respuesta surge como antecedente directo a la denuncia penal presentada por el ministro Aguilar contra el Fiscal General, Carlo Díaz.
El jerarca de Justicia sostiene que la Fiscalía ignora deliberadamente la reforma de abril de 2025 al artículo 257 del Código Penal, la cual establece penas de hasta cuatro años de prisión por intentar introducir dispositivos de comunicación a los centros penales.