Fiscalía quiere utilizar pruebas ya rechazadas
En juicio de expresidente Miguel Ángel Rodríguez
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La Fiscalía busca incorporar una prueba que fue previamente rechazada en el juicio contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y otros imputados en el caso conocido como reaseguros.
Por este motivo, presentó ante el tribunal que dirige el debate una solicitud de actividad procesal defectuosa, con el objetivo de que se admita la prueba recolectada por autoridades de Panamá, Estados Unidos y el Reino Unido.
El fiscal Ronald Segura defendió esta tesis durante la audiencia y pidió a los jueces valorar la posibilidad de retomar dichas evidencias.
“Se ha dejado de lado que la Sala Constitucional ha establecido que las sociedades anónimas no tienen derecho a la intimidad, y que la información obtenida mediante asistencias internacionales está relacionada con pagos hechos a sociedades anónimas”, argumentó.
En 2014, la jueza del Tribunal Penal de Hacienda, Roxana Burgos, archivó la acusación del caso de reaseguros, señalando falencias en la investigación realizada por el Ministerio Público.
Sin embargo, Segura cuestionó la decisión de excluir las pruebas recabadas por autoridades internacionales sobre cuentas bancarias de sociedades anónimas y pagos presuntamente vinculados al caso.
“El Ministerio Público presentó esta actividad procesal defectuosa porque vamos a llevar esto hasta las últimas instancias, para que se establezca claramente que la prueba obtenida mediante asistencias judiciales internacionales tiene validez en Costa Rica”, afirmó.
Cabe destacar que en el “auto de apertura” de juicio emitido en septiembre de 2017, esta prueba también fue catalogada como ilegal.
Sobre el caso
El Ministerio Público señala como principales imputados al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, al expresidente del INS Cristóbal Zawadzki, y a un exfuncionario de esa institución identificado como Acuña Prado.
Según la acusación, los imputados habrían ideado un plan delictivo para crear un fondo paralelo destinado a la capacitación de funcionarios. Sin embargo, parte de esos recursos habrían sido desviados para cubrir gastos de viajes y viáticos.
La defensa del exmandatario sostiene que el caso surgió como parte de una persecución política, con el objetivo de debilitar su figura tras su elección en la Organización de Estados Americanos (OEA).
