La Fiscalía General de la República no solicitaría la autorización de un juez para levantar el secreto bancario en casos relacionados con el crimen organizado, como ocurre actualmente, en caso de aprobarse un proyecto de ley.
Los magistrados de la Corte Plena aprobaron un informe de la iniciativa en el que se indica que dicha propuesta no afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial, a pesar de que la Dirección Jurídica apuntó lo contrario.
Esto porque en toda investigación por delincuencia organizada la orden del levantamiento es emitida por el juez a petición del Ministerio Público.
Sin embargo, el texto plantea la reforma de que “para la ejecución de las facultades contenidas en el presente artículo no se requerirá el procedimiento de autorización judicial”.
“Desde mi perspectiva no incide en el Poder Judicial. Actualmente el fiscal requiere al juez para levantar el secreto bancario, realiza un requerimiento fundado y hace la resolución, la reforma dice que no va a haber”, manifestó el magistrado de Sala III Gerardo Alfaro.
Destacó que actualmente las entidades bancarias tardan hasta nueve meses en el trámite, pero con la propuesta el plazo máximo es de días.
Alfaro advirtió que serán los legisladores quienes decidan el futuro del proyecto, pero que podría tener roces constitucionales.
En la actualidad se requiere la autorización, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política.
“Esa es otra historia, la constitucionalidad. Eso no nos corresponde a nosotros legislarlo, pero les hacemos constar que podría haber un roce de constitucionalidad”, explicó. El informe de Alfaro fue aprobado por unanimidad por parte de la Corte Plena y será remitido al Congreso.
38 votos
La Corte avaló por mayoría (14 a favor y tres en contra) un informe presentado por la magistrada Patricia Solano sobre el Expediente 24.721 vinculado con la imposición de monitoreo electrónico a agresores de violencia doméstica.
Sobre esta iniciativa, Solano indicó que incide en el funcionamiento del Poder Judicial, debido a que se propone que dichas autoridades deberán financiar el equipo de monitoreo y no la Dirección General de Adaptación Social.
Por lo que para ser aprobada en el Congreso, la propuesta requiere de al menos 38 votos de los diputados.
