Una semana después de la captura del empresario de apellidos Pacheco Dent y de cuatro funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac) por el otorgamiento de un permiso sobre aprovechamiento forestal de madera, presuntamente irregular, el Ministerio Público anunció las medidas cautelares solicitadas ante el juez.
En el caso del propietario de la finca donde se realizó la supuesta tala de árboles, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitaron que entregue su pasaporte en el Juzgado Penal de Hacienda, también que se le impida la salida del país.
Asimismo, piden que se presente a firmar una vez al mes en la sede de Pococí de la Fiscalía Ambiental y que se remueva todo rastro del relleno que vertió sobre el humedal, el cual utiliza como camino en las fincas.
De igual manera, entre los requerimientos de las fiscalías está que se suspenda de manera inmediata todo aprovechamiento forestal en esos terrenos, el transporte de madera y todo movimiento de tierra, así como cualquier trabajo de construcción.
En caso de que el juez penal de Hacienda acepte las medidas solicitadas, Pacheco Dent deberá retirar a todos los trabajadores presentes en la finca, toda maquinaria pesada, residuos y cualquier herramienta.
Tampoco podrían ingresar vehículos ni ninguna persona a las trochas hechas en los terrenos o en cualquier sector de la propiedad donde se hayan talado árboles o que corresponda a humedal.
Por último, las fiscalías instaron a que se prohíba sembrar “pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, así como abstenerse a realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque”.
MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS
En el caso de la regente forestal de apellidos Camacho Calvo, las medidas cautelares solicitadas incluyen la inhabilitación del cargo y que se le prohíba emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal.
También pidieron que dicha inhabilitación se comunique al colegio profesional respectivo y a la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Al igual que con Pacheco Dent, que entregue su pasaporte, que se le prohíba la salida del país y que firme una vez al mes en la Fiscalía.
Para los otros tres funcionarios imputados de la Aclac, de apellidos Campbell, Cruz y Salas, las fiscalías exhortaron al juez a que se les suspenda del cargo, que no se acerquen a las oficinas del Área de Conservación y no tener ninguna clase de contacto con los testigos.
¿QUÉ DICE EL PRESIDENTE CHAVES?
Consultado durante su visita a Nicoya, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que en el Poder Ejecutivo están “absolutamente comprometidos” con la investigación del caso sobre la tala en Manzanillo.
Sin embargo, repitió que se ha hecho todo un escándalo alrededor del hecho. “Yo no minimizo nada, son 23 árboles (fueron 29) en 16 hectáreas, eso fue lo que dio permiso el Sinac, ahí están los permisos, yo estoy dispuesto a decirle al Sinac haga lo que tiene hacer”, manifestó.
Seguidamente, mencionó que no existe reporte de una denuncia penal presentada por las autoridades ambientales hace nueve meses sobre la tala en 200 hectáreas de bosque, patrimonio del Estado.
“¿Y alguien ha hecho algún allanamiento? ¿alguien ha hecho alguna detención, algún decomiso? No. 23 árboles aquí, 16 hectáreas, uno que fuese ilegal, tiene que pagar el responsable (…), una cosa de una proporción enorme, y yo no he visto a nadie hacer escándalo, ni en la Asamblea Legislativa ni en los medios”, sentenció.
DELITO POR TALA ILEGAL
Según la Ley Forestal, 7575, el cambio de uso de suelo en zona boscosa (por ejemplo por tala ilegal de árboles) se condena de la siguiente manera:
ARTÍCULO 61.- Prisión de un mes a tres años
Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien:
c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra.