El Ministerio Público investigará una denuncia por presuntas anomalías en una serie de contratos y licitaciones de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
DIARIO EXTRA tuvo acceso a un oficio en que la Fiscalía General pide a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) que atienda y dé respuesta a la gestión.
Dicho oficio, del 12 de diciembre, es una respuesta a la relación de hechos presentada por 17 diputados de la República ante una serie de cuestionamientos en Racsa.
La Fiscalía fijó el número de referencia SICE FGR-1778-2023, según consta en el documento en manos del Periódico de Más Venta en Costa Rica.
LA DENUNCIA
Cabe señalar que, el pasado 7 de diciembre, diputados de los Partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) solicitaron investigar a Racsa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, advirtieron sobre posibles lesiones a los deberes de probidad, transparencia e independencia, así como posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno y violación a la Ley General de Contratación Pública, además de a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y los controles internos.
La denuncia también fue presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética.
¿QUÉ INVESTIGAN?
De acuerdo con la relación de hechos presentada por los diputados, se han aprobado presuntas licitaciones millonarias “sin concurso y adjudicadas a dedo”, al parecer abusando de las figuras de consorcio y socio internacional.
Según datos del Sistema de Compras Públicas (Sicop), del 1 de diciembre de 2022 al 2 de noviembre de 2023, Racsa ha resultado favorecida en más de 40 adjudicaciones, de las cuales todas han sido licitaciones por excepción (es decir, sin concurso de oferentes como en las licitaciones mayores, menores o reducidas). Quienes han adjudicado a Racsa son instituciones públicas o autónomas.
Otro punto relevante consiste en que se han aprobado licitaciones constantemente a la misma empresa privada, la cual, según una relación de hechos efectuada por los diputados, tendría ligamen con personeros de la Dirección de Negocios y de Operaciones de Racsa.
APARENTES PRECIOS INFLADOS
Los denunciantes afirman además que el Ministerio de Justicia habría establecido dos contratos para la adquisición de tobilleras electrónicas. El primero era de emergencia, para suplir la vigilancia a personas con el beneficio carcelario, mientras que se ejecutaba la licitación.
El costo de la adjudicación por emergencia era de $9,61 diarios por tobillera.
El segundo contrato establecía un precio de $5,99 diarios, no obstante, a pesar de estar en firme, el Ministerio de Justicia y Racsa insisten en pagar los $9,61, afirman los denunciantes.
Esto representa un sobreprecio de $7.000 (unos ¢3,7 millones) diarios.
“¿Por qué se paga de más actualmente si tienen un contrato por un monto menor por día de uso de tobillera? Hay una afectación de fondos públicos de aproximadamente $1.531.803 (¢827 millones aproximadamente). Desde abril del 2023, el Ministerio estaba facultado para dar inicio a una por $5,99, sin embargo, ha continuado bajo el marco de ejecución contractual pagando $9,61 diarios”, establece la denuncia.
ENTRAMADO
Otro punto que se indagaría es un posible entramado de relaciones familiares, negocios y amistades entre personeros y expersoneros de Racsa con representantes de las compañías adjudicatarias.
En una de las licitaciones, hay una relación familiar entre una alta funcionaria de una empresa privada y adjudicataria, quien presumiblemente es la madre de un hijo de un exfuncionario de alto nivel de Racsa.
En este punto también intervendrían otros altos mandos de Radiográfica Costarricense, quienes tienen relaciones cercanas con la Territory Manager de la empresa beneficiada de la relación comercial. Todo esto lo afirma el documento enviado por los legisladores a la Fiscalía.
Un caso adicional es el de una compañía estadounidense. De acuerdo con la denuncia, altos funcionarios de Racsa tienen relaciones cercanas con altos funcionarios de la empresa.
¿QUÉ DICE RACSA?
DIARIO EXTRA intentó obtener una reacción a Mauricio Barrantes, gerente general de Racsa. Sin embargo, no atendió las llamadas hechas a su celular, ni los mensajes de WhatsApp.