Ya se inició el juicio por tráfico de influencias que se lleva en contra del exdiputado liberacionista Víctor Hugo Víquez, quien ocupó curul en Cuesta de Moras de 2010 a 2014.
En la lectura de la pieza acusatoria que realizó la fiscala Greysa Barrientos ventiló cómo mediante mensajes de texto Víquez se comunicó con Vanessa Rosales, quien ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) entre 2010 y 2014, para que beneficiara al empresario Juan Carlos Bolaños (JCB).
Antes de que el entonces legislador le escribiera a Rosales, Bolaños tuvo una conversación con la expresidenta de la CNE respecto a unas supuestas anomalías que sucedían en una licitación, en la cual aparentemente estaban cambiando unos datos de una tabla de cotización para adjudicar una oferta.
La preocupación de JCB se veía manifestada ya que su empresa era partícipe en la licitación de una contratación relacionada con obras para evitar deslizamientos en el camino de Mora, San José.
“¿Dígame usted cómo puedo o se debe proceder?”, le dijo JCB a Rosales por mensaje de texto.
Ante la consulta o la exposición de esa supuesta irregularidad, Rosales le solicitó a JCB que actuara como él creyera conveniente, pero no con ella, sino con la auditoría.
Por dicha razón, Bolaños le contestó a la expresidenta de la CNE lo siguiente: “Bueno gracias por su respuesta, voy a proceder, un abrazo”.
Luego de la insistencia del empresario sobre la situación, el exdiputado Víquez envió mensajes de texto a Rosales en los cuales hacía mención en ayudar a Juan Carlos Bolaños.
“Hola Vanessa ¿Cómo estás? Fíjate que JCB me ha estado llamando pidiéndome que interceda ante vos en este asunto que te adjunto, siempre te agradezco si lo podés ayudar a menos que sepa que hablamos, qué pena con vos jajaja”, envió el exlegislador.
La fiscala Barrientos leyó que esto era con la intención de influir en la licitación en favor de su amigo Bolaños y se le otorgara una ventaja sobre el proceso de contratación.
“El diputado se valió del hecho de que era compañero de la señora Rosales en el partido político Liberación Nacional”, acusó la representante del Ministerio Público.
Por este caso, se intervino la casa del exparlamentario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y actual alcalde de Matina, Walter Céspedes Salazar, a quien se le atribuían los mismos hechos, sin embargo, no obtuvieron pruebas contundentes que lo vincularan.
Por su parte, el empresario del cemento quedó absuelto por prescripción.