Distintos fiscales auxiliares, coordinadores y adjuntos censuraron que Emilia Navas Aparicio haya señalado que se vio forzada a dejar su cargo “por sanciones encubiertas”, ataques y hostigamiento por parte de magistrados de la República.
A través de un manifiesto, los funcionarios del Ministerio Público adujeron que lo precisado por la exfiscala Navas dista de la realidad, ya que dicha institución ha venido trabajando muy arduo, “indistintamente si los procesos tienen que ver con corrupción”.
“El Ministerio Público garantiza el ejercicio de la acción penal de manera objetiva en cualquiera de los procesos que dirige, por lo que rechazamos enfáticamente cualquier tipo de acusación temeraria que deje ver la existencia de irrespeto hacia la independencia funcional del Ministerio Público, por cuanto no existe prueba que así lo acredite, mucho menos en investigaciones por casos de corrupción”, señala el documento.
Por otra parte, censuraron que Navas usara falacias lógicas y argumentativas, tales como las que “habría usado” en su corta gestión para “abrir procesos en contra de fiscales” y que, añaden, “no logró sus desconocidos propósitos”.
“Gracias a las garantías de un sistema de derecho sólido como el costarricense, provocando que a lo interno del Ministerio Público muchas personas percibieran una seria persecución laboral, atropellos a sus derechos y garantías laborales, que desembocaron en múltiples demandas en la vía contencioso administrativa, laboral, entre otros, así como la migración de funcionarios y funcionarias al ejercicio liberal o a la Judicatura en la mayoría de los casos, perdiendo el Ministerio Público la experiencia y capacidades de muchos fiscales y fiscalas probos”, añadieron.
“El Ministerio Público costarricense, al margen de las evidentes interrogantes que le plantea la ciudadanía y la institucionalidad habida cuenta de la gestión de la exjerarca Navas, mantiene con la solvencia ética de sus funcionarios y funcionarias la probidad, la convicción y la capacidad técnica para seguir ejerciendo sus labores dentro del sistema democrático en el que fue creado. Con posterioridad a la jubilación de la señora Navas Aparicio, las y los funcionarios del Ministerio Público luchamos por su fortalecimiento y devolución de la credibilidad a la ciudadanía, conduciendo la acción de la justicia con total respeto a la legalidad, conforme a lo establecido por nuestra Carta Magna y leyes de la República”, agregaron.
NO SE FUE POR PRESIONES
Asimismo, le recordaron que el derecho a la jubilación al cual se acogió Navas no fue por presiones de magistrados, sino que se produjo en el contexto de cuestionamientos públicos por conflictos de intereses con su compañero sentimental, quien en ejercicio de su profesión liberal, “representa a varias personas encausadas precisamente por delitos de corrupción y que generaron durante su gestión como fiscala general múltiples excusas o inhibitorias de su parte, debiendo el Ministerio Público acudir a su Ley Orgánica para su suplencia en estos casos”, expresaron.
El pronunciamiento de los fiscales surge posterior a que Navas indicó en una carta dirigida al alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que tuvo que dejar su cargo por “presiones de los mismos magistrados”.
“Informarle de la grave situación que atraviesa el Ministerio Público de Costa Rica, con motivo de investigaciones penales en materia de corrupción en la función pública y en el sector privado: ataques que provienen de algunos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, encargados del nombramiento de quien ejerce la jefatura de la Fiscalía General; lo que afecta de modo negativo la independencia de la Fiscalía y representa una amenaza, intimidación, traba, hostigamiento e injerencia indebidas en el desempeño de las funciones del Ministerio Público, de sus fiscales y fiscalas, en particular, en la lucha contra la corrupción”, adujo.
De acuerdo con Navas, fue forzada a abandonar su cargo como fiscala general de la República el 29 de junio de 2021, incluso “con la oposición de algunos magistrados”.
“Algunos magistrados y magistradas, quienes me solicitaron confidencialidad, me externaron que un grupo integrante de dicha Corte impedirían mi jubilación y el pago de mis prestaciones laborales, y que, a tal propósito, abrirían procesos disciplinarios en mi contra, con un rápido traslado de cargos para revocar mi nombramiento”, acotó.
DAÑABA IMAGEN
Finalmente, en el informe denominado “Sobre sanciones encubiertas en contra de la Fiscalía General de la República de Costa Rica por investigaciones de casos de corrupción en la función pública y en el sector público”, Navas dijo que el magistrado Fernando Cruz le pidió expresamente que dejara el cargo, ya que, según él, “le hacía daño a la imagen del Poder Judicial”.
“El señor Cruz Castro me indicó que nunca había estado de acuerdo con mi gestión y no lo estaría (…) La situación que se recrudece a partir del proceso penal conocido como ‘Caso Cochinilla’ que sale a la luz pública en junio de este año 2021, precisamente ya en periodo preelectoral; y promovida y dirigida por magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombramientos y sus prórrogas dependen de la Asamblea Legislativa. Todo ello dirigido a capturar al Ministerio Público con la consecuente afectación al deber estatal de investigar adecuadamente esos hechos”, señaló.
SALIDA Y CUESTIONAMIENTOS
La salida de Navas se presentó en medio de cuestionamientos. El 25 de junio anterior, la exfiscala general anunció que se acogería a su derecho de pensión, esto en medio de nueve inhibitorias en que se encontraba relacionada, incluido el caso de corrupción Cochinilla.
Las inhibitorias eran relacionadas con expedientes vinculados a Aldesa, Soresco, ruta 27 y denuncias familiares, donde el esposo de Navas, el abogado Francisco Campos, participa como defensor de las partes involucradas.
Tres días después y por presión de distintos sectores, Navas comunicó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que adelantaría su jubilación al 29 de junio, con el objetivo de “no distraer la atención” en la investigación con el caso Cochinilla.