Los bancos protegen a sus clientes más grandes si detectan alguna operación sospechosa para no perder esa cuenta. Eso es lo que dijo Warner Molina, fiscal general a.i. del Ministerio Público, en la Comisión de Narcotráfico.
“Tenemos una primera debilidad con esto. Si el negocio de un banco es tener buenos clientes puede resultar muy tentador. Eso nos dice el sentido común, no reportar esos buenos clientes, aunque estén generando esos reportes de operaciones sospechosas, ya que esto implicaría cerrarles las cuentas y que no puedan hacer más negocios en ese banco”, manifestó.
Molina adujo que solo en casos en que el cliente “no es muy bueno” en términos económicos o se trata de un “cliente ocasional” se le aplica todo el rigor de la normativa antilavado.
“Ante la más mínima falencia son objeto de un ROS, aunque la persona no tenga nada que ver con una conducta delictiva o irregular”, aseguró.
El segundo fiscal en rango dentro del Ministerio Público considera que por todo esto el sistema antilavado es poco eficaz y que la metodología no resulta funcional y tampoco da resultados.
Indicó que Costa Rica está por ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y duda que reciba una buena calificación.
“Los grandes lavadores de dinero o no son detectados o son detectados, pero no reportados, por más sospechosas que sean sus operaciones financieras. Prueba de ello, las sanciones a dos bancos recientes por incumplir normativa antilavado. Pero si la Sugef es acuciosa y coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera serían más las entidades sancionadas”, enfatizó.
37 OPERACIONES
SOSPECHOSAS POR MES
Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), salió al paso de lo dicho por Molina al indicar que la materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo es una de las que toman con mayor seriedad en las entidades financieras.
Solo en los primeros siete meses del año los bancos públicos y privados emitieron aproximadamente 260 reportes de operaciones sospechosas (ROS), lo que deja un promedio de 37 por mes.
“La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) fiscaliza los departamentos de cumplimiento de todas las entidades y las labores que realizan, en procura de garantizar que las personas que utilizan el Sistema Bancario Nacional lo hagan de manera transparente, correcta y legal”, manifestó Gómez.
La Ley No.8204 y su reglamento, así como las disposiciones de la Sugef, cumplen con su obligación de reportar ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) cualquier operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada. Estas operaciones deben comunicarse directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD en forma confidencial.
Los ROS cumplen con estándares internacionales y tienen el propósito de evitar que en el Sistema Bancario Nacional circulen recursos provenientes de actividades ilícitas. Los bancos están en la obligación de cerrar cuentas si hay movimientos sospechosos.
Según datos del ICD, en 2020 recibieron 550 ROS, de los cuales 409 fueron realizados por los bancos.
“Es claro que los ROS son solamente un instrumento más del cual pueden hacer uso las autoridades judiciales en los casos que tramitan y que muy probablemente requieran otros elementos de prueba para concretar sus investigaciones, pero eso no les resta relevancia a estos reportes, que por obligación deben realizar los bancos”, argumentó.
NO ES CUESTIÓN DE
UNA SOLA ENTIDAD
Delegar la responsabilidad de un tema país en una sola institución sería improcedente. Esto es lo que expresó Sugef, tras lo manifestado por Molina.
“Las recomendaciones del GAFI se mantienen en constante evolución, imponiendo nuevos retos a los países, lo cual hace que necesariamente haya que actualizar y adaptar el marco legal en aspectos que así se requieran internacionalmente.
Esto hace imprescindible la participación coordinada de muchos actores, como la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público, el Sistema Financiero Nacional y el sector privado, entre otros”, declaró.
Añadió que desde la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en 2015, el organismo regional destacó el entendimiento de los riesgos por parte del Sistema Financiero Nacional y la labor que se realiza, reconociéndolo como uno de los sectores que muestran mayor madurez y comprensión.
Aguilar también destacó la actualización constante de la normativa prudencial que emite el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para cumplir con las recomendaciones del GAFI.
A manera de ejemplo puso la reglamentación que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2022, la cual fortalece la debida diligencia que deben realizar las entidades financieras sobre clientes políticamente expuestos (PEP), el financiamiento a los partidos políticos y la recepción de dinero en efectivo, en especial en moneda extranjera.