La Fiscalía General de la República realizó el secuestro del informe final del financiamiento de la campaña electoral en las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El departamento de prensa de la institución confirmó a Diario Extra que el fiscal general Carlo Díaz procedió al cumplimiento de dicha acción.
“Se confirma que se está ejecutando una diligencia autorizada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para acceder a información privada y al secuestro del informe final de la investigación administrativa preliminar”, indicaron.
Chaves es uno de los que figuran en la causa judicial.“La causa a la que se sumará la documentación secuestrada es la 22-000116-1218-PE”, manifestó, por su parte, la Fiscalía. Díaz explicó que desde el año pasado había solicitado este acceso a los datos privados vinculados a la documentación que tiene el Tribunal y fue hasta la mañana de ayer que salió de manera positiva la resolución (de la Sala Penal), por lo que se procedió a ejecutar las acciones judiciales correspondientes.
“Es una causa específica del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la cual tiene bastante tiempo en investigación. Estábamos esperando el informe que emitió el departamento de financiamiento del partido político que hace referencia a los documentos que estaban disponibles desde diciembre de 2024”, detalló.
Entre los imputados se encuentran: el presidente de la República Rodrigo Chaves, el canciller Arnoldo André Tinoco y dos diputados, expresó Díaz.
“Vamos a tener que analizar la documentación que es bastante, son muchos folios que se secuestraron hoy. 10 tomos con toda la documentación incluso archivos digitales que se vienen a sumar a lo que ya tenemos y nos llevará bastante tiempo”, apuntó.
Levantamiento del secreto bancario
Además de la diligencia, se ordenó el levantamiento del secreto bancario y tributario para determinar si existen hechos delictivos y de ser así los imputados podrían ir a juicio.
“Este informe final toma elementos del preliminar que fue emitido por este mismo departamento, se solicita el levantamiento de cuentas bancarias e información tributaria cobijada por el velo de confidencialidad. Es un proceso que queda en manos de las autoridades judiciales y, además, hay otras investigaciones relacionadas con el PPSD”, explicó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
¿Quiénes son investigados?
Rodrigo Chaves,
presidente.


Arnoldo André,
canciller.

Luz Mary Alpízar,
diputada.
Informe
La documentación remitiría la existencia de dos estructuras paralelas de financiamiento en la agrupación.
El escrito preliminar referiría que las figuras antes mencionadas “estarían involucradas en esquema oscuro de presuntos delitos electorales”.
La actual legisladora y presidenta del partido Luz Mary Alpízar estaría presuntamente ligada en una de las estructuras, quien, en apariencia, reportaba a nombre de personas físicas recursos que ingresaban mediante el fideicomiso Costa Rica Próspera.
Del mismo modo, se señala una segunda supuesta estructura paralela, en la que se vincula al actual diputado oficialista por Alajuela Waldo Agüero.
Aparentemente Jack Loeb Casanova (banquero) y Sofía Agüero Salazar (hija de Agüero) habrían empleado esta estructura de financiamiento, en operación desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022. En apariencia, habrían captado más de $195.000 para gastos electorales y material proselitista.
La investigación del TSE apuntaría que, además del esquema de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras, entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por el mandatario Chaves y Loeb, dirigido por Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a André y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S. A.
A dicha presunta estructura se relaciona Chaves, el primer vicepresidente Stephan Brunner, André y legisladores del PPSD.
Finalmente, refiere que la “Casa Progreso”, alquilada para la sede partidaria que estuvo ubicada en Los Yoses fue asumida por ATA a través del fideicomiso Costa Rica Prospera. Los recursos, que ascendieron a $20.000, habrían sido cancelados de junio a setiembre de 2021.
En marzo de este año, se recibieron tres alertas bancarias sobre operaciones sospechosas que habrían beneficiado financieramente al partido o destinadas para impulsar candidaturas específicas postuladas por esa agrupación.
El caso se encuentra en investigación y el TSE aún está recabando información sobre las presuntas donaciones.