Carlo Díaz, fiscal general de la República, criticó la falta de control de las autoridades penitenciarias en el uso de tobilleras electrónicas.
Díaz fue integrante de la Fiscalía Adjunta de la Pena, que analiza parte de los delitos relacionados con la aplicación de la medida del monitoreo electrónico por arresto domiciliario.
“Hay mucha falta de control por parte de las autoridades penitenciarias; es decir, personas que estaban con monitoreo electrónico incumplen una, dos o tres ocasiones las medidas que se les imponen”, declaró.
Asimismo, dijo que estos individuos con medidas salen de sus domicilios o perímetros y no hay una “respuesta inmediata” por parte de las autoridades policiales.
Por este motivo cuando estas personas son detenidas por Seguridad Pública y se consulta, se enteran de la cantidad de veces que se producen estos incumplimientos y en ocasiones ni siquiera son reportados.
“Esto significa que también hay falta de recursos en la Unidad de Monitoreo y no hay un cumplimiento o supervisión efectiva de estas penas”, agregó.
Ante este panorama, el fiscal general considera necesario realizar una revisión de los delitos a los que se pueda aplicar la medida y en qué circunstancias, así como variar el rango de la pena en estos casos específicos.
AUMENTO
La cantidad de personas que cuentan con la medida de arresto domiciliario con monitoreo electrónico registra un crecimiento durante los primeros seis meses de 2024.
Mientras que durante el primer semestre de este año se reportan 1.901 reos con esta medida, durante todo 2023 la cifra llegó a 1.932, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Paz.
La población total que gozó de este beneficio de arresto domiciliario con monitoreo satelital durante los últimos cinco años es de 10.990 personas.
Las autoridades de Seguridad Pública reportaron recientemente el caso de una persona en Guanacaste que se quitó la tobillera y la dejó colgada en una cerca para posteriormente ser detenida.
Otro que tuvo repercusión en los últimos días fue el del sospechoso de la muerte de Emilce Soto, quien después de salir de su vivienda, donde estaba con monitoreo electrónico, provocó que las autoridades policiales iniciaran su búsqueda.
Hasta julio un total de 265 personas han sido detenidas por oficiales de la Fuerza Pública al incumplir la medida de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
En 2023 el número de reos que incumplieron llegó a 535, 14 menos que los registrados durante 2022.
DIARIO EXTRA solicitó al Ministerio de Justicia y Paz una reacción del ministro Gerald Campos sobre las manifestaciones brindadas por el fiscal general, sin embargo, al cierre de edición no recibimos respuesta.