Algunas de las propiedades ligadas al empresario Pacheco Dent, frente a playa Grande en Manzanillo, cantón de Talamanca, podrían haber sido entregadas a su familia en 1993, ochos años después de la creación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Originalmente se trataría de la finca 39050 del Partido de Limón, propiedad del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el cual el 8 de octubre de 1993 la habría segregado en varios terrenos de decenas de hectáreas que entregó a manos privadas.
Esto es lo que indica el documento enviado por el procurador general de la República, Iván Vincenti, a la Sala Constitucional, en el cual solicitó una audiencia con el Inder con el fin de verificar la información emitida por dicha entidad en el oficio DAA-OFI-370-2022, con los planos de las fincas.
Se trata de los inmuebles 7-48141 y 7-59699 (planos L0942968-1991 y L-0110409-1993), a nombre de Playa Manzanillo S.A., cédula jurídica 3-101-085987, propiedad de Pacheco Dent.
La sociedad anónima gestionó en meses pasados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) los permisos para la segregación en decenas de lotes con el objetivo de desarrollar un condominio de lujo.
Así, se estaría pretendiendo dividir en 82 lotes la propiedad de 17.135 metros cuadrados que se ubica entre la calle que lleva al Parque Nacional Manzanillo (ruta nacional 256) y el mar para la construcción de viviendas, cuyo valor superaría los $500.000 (más de ¢250 millones).
En 1993, el precio de dicha finca habría sido de tan solo ¢17.329, según consta en el plano original aportado por el Inder.
ORDEN DE LA PROCURADURÍA
Las fincas de Pacheco Dent serían parte de los 137 terrenos que se ubican dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo y de los cuales la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó al Inder la recuperación.
Todas habrían sido parte de la finca original del Estado, 39050, y quedaron inscritas como privadas tras la aprobación de la ley No. 9223 del 10 de marzo de 2014, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”.
No obstante, la sentencia 12745-2019 de la Sala Constitucional habría establecido que dicha ley quedaba derogada, ya que al redefinir los límites del refugio se redujo el área sin cumplir los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional.
Por tal motivo, la Sala ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) definir la ubicación de 188 hectáreas de bosque en terrenos privados, pero dentro del refugio, con el fin de establecerlas como Patrimonio Natural del Estado.
“Las 188 hectáreas forman parte del núcleo central del refugio de vida silvestre, por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que en este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece de estudios técnicos para realizar la reducción del citado refugio”, dice el fallo de 2019.
A pesar de que el Sinac envió al alto tribunal informes al respecto en 2020 y 2023, la Procuraduría sostiene que estos no están en firme y, por lo tanto, las 188 hectáreas de bosque en propiedades privadas dentro de la zona protegida de Manzanillo aún no están definidas.
INVESTIGACIÓN DEL CASO
Las propiedades de Pacheco Dent fueron allanadas en mayo pasado por parte de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, luego de la denuncia de varios vecinos sobre una supuesta tala ilegal en el sitio.
Tras el secuestro de documentos en el Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac) y la Municipalidad de Talamanca, la semana pasada el Ministerio Público procedió a la detención de cuatro funcionarios de la institución, así como de Pacheco Dent, bajo sospecha de los delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica, prevaricato y uso de documento falso.
En abril anterior, el Sinac otorgó el permiso de corta y aprovechamiento forestal 011-2024-ACLAC-SLT para la tala de 29 árboles, lo cual fue comunicado por el propio titular del Ministerio de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, quien, sin embargo, anunció que abriría una investigación interna por la autorización.
En estas fincas habría presencia de bosque por lo que no sería posible la entrega de permisos de tala, ya que se trataría de cambio de uso de suelo en terreno boscoso, lo cual es penado con cárcel de entre un mes y tres años, según lo establece el artículo 61, inciso c) de la Ley Forestal 7575.
De acuerdo con Marco Levy Virgo, activista de la zona, el principio de no regresión en Derecho Ambiental señalaría una obligación de no hacer, no retroceder, no afectar los umbrales ni estándares de protección ambiental ya adquiridos, no derogar o modificar la normativa vigente en la medida en que dichas variaciones disminuyan o afecten negativamente los niveles de protección alcanzados.
Esto se aplicaría en el caso de la detección de bosque nativo en propiedad privada, lo que convertiría presuntamente el territorio en Patrimonio Natural del Estado, según explicó el ambientalista. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dejó en libertad a los cinco detenidos, con la única prevención de presentarse a las audiencias de medidas cautelares, las que continúan este lunes en los Tribunales de Justicia de Goicoechea.
POSICIÓN DE PRESIDENCIA
Consultado sobre el caso por DIARIO EXTRA, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestó el miércoles anterior durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno que las propiedades allanadas han pertenecido a la familia de Pacheco Dent desde mucho tiempo atrás.
“Este señor que usted mencionó (dijo en referencia a Pacheco Dent) tiene desde generaciones atrás propiedades, pero muchísimo antes de que yo hubiera nacido (…) o después, décadas de tener propiedades ahí”, externó.