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El cambio climático y el cuidado del medio ambiente han impactado al mundo entero, obligando a todas las empresas a migrar a energías limpias, incluyendo al sector transporte; sin embargo, en Costa Rica este panorama es muy distinto, ya que la falta de financiamiento estatal e infraestructura eléctrica ha impedido la transición de los buses a la electromovilidad.
Así lo relatan diversos expertos nacionales e internacionales quienes, en conversación con Diario Extra, muestran un panorama muy diferente al soñado por el Plan Nacional de Descarbonización, el cual pone como meta para el 2035 un 30% de la flotilla autobusera sin diésel.
“Ante el escenario tan complicado de incertidumbre, sobre todo por la pérdida y la caída de la demanda, se hace imposible en este momento poder definir fechas para la implementación del proceso de electrificación”, relató Silvia Bolaños, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).
Según Bolaños, la falta de financiamiento estatal y de los bancos impide que los operadores adquieran fondos suficientes para poder modernizar sus unidades a energías limpias.
“Todo dependerá de que las condiciones habilitantes y sobre todo financieras sean accesibles para que los empresarios que tengan que invertir en flota vayan pensando en esa transición; pero esto es importante de la mano con la sostenibilidad del sistema porque nada ganamos con tener buses eléctricos mientras tenemos más de 114 comunidades sin servicio”, confesó.
Y es que, más allá de una meta ambiental, la modernización del sistema de buses también busca beneficiar tanto a los pasajeros como a las empresas dueñas, ya que la electromovilidad permitiría reducir costos para ambos, según el nuevo modelo tarifario presentado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“Los buses eléctricos también tienen beneficios para los pasajeros ya que tienen menos vibración y menos ruido; son más rápidos también para acelerar y para frenar, por lo que creo que el confort del pasajero también va a aumentar significativamente”, agregó Eric Bogantes, regulador general de Aresep.Este criterio también es compartido por Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), quien detalló que la electromovilidad podría ser la solución para recuperar pasajeros en el sistema de transporte público.
“Creemos que electrificar es la oportunidad para modernizarlos porque, aunque sean con buses de combustión, no tenemos un sistema integrado de transporte público que sea moderno, que sea eficiente, que la gente quiera dejar el carro y subirse al bus, que sea seguro, que tenga buenas frecuencias y que sea rápido; entonces, electrificarlo es la oportunidad”, detalló Rojas a Diario Extra.
Esta posibilidad ya es una realidad en algunos países, según relató Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), quien comentó los casos de Chile y Colombia, que ya electrificaron el 100% de su flotilla en algunas ciudades.
“Se requieren modelos de negocio con regulaciones que generen los incentivos a los operadores; y ahí América Latina es muy diversa porque en algunos casos los operadores son privados y en otros públicos, pero la regulación es fundamental, donde la tecnología requiere un esfuerzo importante en términos de inversión”, justificó Rebolledo.
Andrés Rebolledo
Secretario Ejecutivo Olade
“En materia de buses eléctricos, particularmente urbano e interurbano, la verdad es que Colombia y Chile han dado pasos muy importantes; de hecho, Santiago de Chile es la ciudad que, después de China, tiene más buses eléctricos circulando”.
Eric Bogantes
Regulador Aresep
“La nueva metodología tiene la ventaja de que los costos de operación son mucho menores que en las flotas de diésel, y eso le produce al operador gran cantidad de ahorros significativos en cuanto a los gastos operativos”.
Silvia Bolaños
Presidenta Canatrans
“Para el sector, lo más importante de manera inmediata es establecer una mesa de crisis es que permita intervenir la situación que estamos viviendo y garantizar la sostenibilidad y la continuidad del servicio público”.




