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Un total de 17 obras podrían ser construidas con el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial y del Banco de Costa Rica (BCR).
Por este motivo, las autoridades judiciales han defendido este mecanismo a pesar de las críticas que ha realizado el oficialismo al manejo de estos recursos.
Este proyecto empezó a funcionar desde el 2015 y tiene de la intención de construir diferentes sedes a nivel nacional.
El contrato fiduciario establece una cartera fija y delimitada de 17 proyectos definidos por la Corte Plena. Entre los proyectos completados destacan la Torre Judicial en San José, la sede de Tribunales de Puntarenas y la compra de tres terrenos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y la Sala Constitucional.
Actualmente se encuentran en proceso de contratación las sedes de Quepos y Cañas, además de estar priorizados el diseño y la construcción del edificio propio para el OIJ.
En la actualidad genera ahorros anuales de ¢1.340 millones por la Torre Judicial y ¢657 millones por los Tribunales de Puntarenas.
La futura edificación del OIJ proyecta un ahorro adicional en alquileres de entre ¢851 millones y ¢900 millones anuales.
Para el ejercicio 2027, el Poder Judicial presupuestó unos ¢15 mil millones en arrendamientos, por lo cual busca acelerar la construcción de sedes propias.
Cuando se finalicen y entreguen las obras de construcción de un edificio de Tribunales de Justicia en Quepos y Cañas y del edificio para la Sala Constitucional, el ahorro anual proyectado sería de ¢1.283 millones, según el Poder Judicial.
Entre los proyectos por iniciar están los tribunales de Hatillo, Sarapiquí y Siquirres, así como las sedes del Ministerio Público y del OIJ en San José.
El fideicomiso opera como una figura jurídica administrada por el BCR, que actúa como fiduciario, financia y construye las edificaciones, manteniendo la propiedad de los inmuebles.
Una vez concluidas las obras, las instalaciones se entregan en arrendamiento al Poder Judicial, el cual paga cuotas de alquiler con cargo a su presupuesto de gastos corrientes.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero, asegura que este mecanismo es sometido a fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.
Además, afirmó que es el mismo modelo utilizado para la sede de la Asamblea Legislativa.
“Ninguna de las dos instituciones está incurriendo en ilegalidades y la diferencia es que el Poder Judicial incorporó la posibilidad de hacer aportes con recursos presupuestarios, refrendada por la Contraloría, para disminuir las cuotas de pago de arriendos”, dijo.
El oficialismo cuestiona el traslado de sobrantes presupuestarios a la figura fiduciaria, ya que argumenta que mover fondos no ejecutados evita el control parlamentario directo y vulnera el principio de anualidad presupuestaria.
Obras del Fideicomiso
Fuente: Poder Judicial.
Proyectos construidos y comprados
| Proyecto | Estado del proyecto |
| Construcción de edificio Torre Judicial | Finalizado |
| Construcción del edificio Tribunales de Justicia de Puntarenas | Finalizado |
| Compra de terreno para el Organismo de Investigación Judicial | Finalizado |
| Compra de terreno para el Ministerio Público. | Finalizado |
| Compra de terreno para la Sala Constitucional. | Finalizado |
| Construcción de edificio para la Sala Constitucional | En proceso (etapas de preliminares y de aprobación del proyecto cumplidas) |
| Construcción de un edificio para los Tribunales de Justicia de Quepos | En proceso (adjudicado a empresa constructora, pendiente resolver recurso en la Contraloría General de la República) |
| Construcción de un edificio para los Tribunales de Justicia de Cañas. | En proceso (en periodo de presentación de ofertas para la construcción, plazo de presentación el 9 de octubre y apertura de ofertas el 12 de octubre) |
Fuente: Poder Judicial