La plata que prácticamente botó el Gobierno con el Bono Proteger podría ser mucho más que los ¢7.490 millones advertidos por la Contraloría General de la República (CGR) en diciembre pasado.
Según denunció este martes el despacho de la diputada liberacionista Franggi Nicolás, el fiasco con los bonos de ayuda que entregó el Gobierno sería de ¢19.500 millones.
Lo anterior si se suma de forma correcta la cantidad de dinero que el Ministerio de Trabajo habría girado de manera irregular a beneficiarios con impedimento para recibirlo, trabajadores independientes que mintieron en la información suministrada, las personas que recibieron un cuarto pago ilegal y los trabajadores sin afectación en su salario.
Según el ejercicio del despacho de Nicolás, que ha sido vehemente en condenar el despilfarro en la Administración Pública bajo la justificación de la pandemia por Covid-19, el pago irregular tan solo a beneficiarios con impedimento para recibirlo alcanzó los ¢7.490 millones, monto que trascendió en los medios de comunicación.
Pero a eso se debe sumar lo que se destinó a trabajadores independientes, informales o temporales que mintieron en la información suministrada, cuyo monto alcanzó los ¢7.556 millones.
Sin embargo, el desorden no queda ahí, porque al menos 30 personas habrían recibido un cuarto pago para ¢3,75 millones adicionales.
Y la última tajada la habrían recibido los trabajadores sin afectación en su salario: ¢4.478,5 millones. Todo ese despilfarro asciende a los ¢19.500 millones.
“Es absolutamente indignante para los ciudadanos de este país que un programa que nació con el mejor de los propósitos, que era ayudarles a los costarricenses que estaban pasando por una afectación económica por la pandemia, finalmente se prestara para que esos recursos se destinaran a ciudadanos que no tuvieron ninguna afectación. Alrededor de ¢19.500 millones mal destinados. Más de 66 mil beneficiados sin tener la necesidad afectando a otro grupo de la población que se quedó sin esa ayuda”, sentenció Nicolás.
ABREN INVESTIGACIÓN
El número sale a la luz en momentos cuando la Fiscalía General de la República abrió una investigación tras analizar los datos revelados por el ente contralor sobre el Bono Proteger.
Dicha investigación se desarrolla en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
“La Fiscalía tras analizar el informe solicitado a la Contraloría General de la República, en relación al tema del ‘Bono Proteger’, determinó la apertura de una investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Actualmente, la causa es tramitada contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas”.
Agregaron que “al caso se le asignó el número de expediente 21-000009-1218-PE y se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, fase que es privada, según el artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no es posible brindar más detalles”.
Cabe señalar que, sobre los cuestionamientos al Bono Proteger, Geannina Dinarte, exministra de Trabajo, rechazó el informe de la Contraloría e incluso interpuso recurso de apelación.