Fernández calificó de “berrinche” el actuar judicial
Asegura que falta de magistrados suplentes atenta conta derechos
La presidenta de la República, Laura Fernández, dio su criterio sobre el no nombramiento de magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa y la decisión de la Corte de devolver la misma lista de candidatos al Congreso.
“Eso es un berrinche del Poder Judicial. ‘Ay me devuelven la nómina, sabe qué se la vuelvo a mandar. ¿Qué es esa falta de respeto a la Asamblea Legislativa?”, afirmó. Luego agregó: “Aplaudo y de pie a los diputados que están haciendo una revisión minuciosa”.
Tras 11 rondas de votaciones fallidas y el rechazo de la bancada oficialista, el tribunal encargado de velar por la Constitución opera hoy esperando por una decisión que impacta la resolución de casos críticos.
El núcleo del problema radica en la “regla de los siete”: la Ley exige que toda decisión de la Sala sea tomada por la reunión de siete integrantes, ya sean titulares o un grupo de titulares reforzado por suplentes.
Cuando un magistrado titular se enferma, sale de vacaciones, viaja o debe apartarse de un caso por conflicto de interés (lo que técnicamente se conoce como inhibitoria), su lugar debe ser ocupado por un suplente. Al no existir estos nombramientos, el tribunal queda imposibilitado para sesionar en esos expedientes, dejando la justicia en un limbo legal.
“La Ley ordena que todas las decisiones de la Sala Constitucional se deben tomar por la reunión de sus siete integrantes, ya sean siete titulares o un grupo de titulares más los suplentes.”, explica el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.
La Presidencia de la Sala reporta 87 expedientes paralizados por inhibitorias que no pueden ser resueltas por falta de sustitutos. Esta situación incide directamente en la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas que han acudido al Tribunal.
Se trata de recursos de amparo y habeas corpus que protegen derechos vitales como la salud y la libertad. Sin suplentes, miles de ciudadanos corren el riesgo de que sus casos no se resuelvan de forma rápida y oportuna, debilitando el acceso a una justicia pronta y cumplida.