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La Coalición Feminista para el Avance de los Derechos Humanos de las Mujeres presentó un informe adicional al del gobierno, para alertar al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que ocurren en Costa Rica.
De acuerdo con la información, el Estado costarricense deberá rendir cuentas sobre los avances en derechos de mujeres este viernes 7 de julio, en Ginebra, donde acude una comitiva encabezada por la ministra de la Condición de la Mujer, Alexandra Mora, la Magistrada Doris Arias, Yolanda Delgado del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Roy Almendares del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Cristian Guillermet funcionario de la Cancillería.
Antes de partir, Mora declaró que en junio realizaron una consulta a 30 organizaciones que velan por los derechos. “Se trata de un diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil sobre el VII Informe del Estado de Costa Rica y la lista de preguntas remitidas por el Comité Cedaw sobre este informe, que da cuenta de los compromisos asumidos por nuestro país en materia de igualdad y equidad de género”, señaló la ministra de la Condición de la Mujer, quien ya se encuentra en Ginebra.
Problemas más graves
Según Larissa Arroyo, abogada feminista, “el informe alternativo mencionado fue elaborado por un conjunto de organizaciones de sociedad civil y colectivas ciudadanas de derechos humanos en Costa Rica para recordarle al Estado su deber de ajustar su normativa y accionar con la Cedaw como instrumento jurídico incluso superior a la Constitución Política.
Nos vimos forzadas a priorizar algunas problemáticas por su urgencia y gravedad y dejar algunas otras que también son igualmente importantes”, subrayó Arroyo, quien también está en Suiza.
Entre los problemas que se señalan como los más graves se encuentra el hecho de que Costa Rica no sea un Estado laico, lo cual le da a la Iglesia Católica un papel privilegiado en las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres incluyendo un rol directo en los contenidos impartidos desde el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Además, destaca el incumplimiento con lo estipulado en el artículo 121 del Código Penal, para asegurar el acceso al aborto impune en caso de riesgo a la vida o a la salud integral de la mujer y que existan limitaciones al acceso a la anticoncepción de emergencia.
Arroyo, de la Asociación Ciudadana Acceder, indicó que el Estado de Costa Rica continúa sin asegurar el acceso al aborto impune: artículo 121 del Código Penal, dicho de otro modo, si bien desde lo formal la ley lo permite técnicamente, la práctica institucionalizada en los hospitales públicos sostiene que el aborto está prohibido en todos los casos, en donde no sea para salvaguardar, la vida de la mujer, es decir, que haya un peligro inminente tal como un embarazo ectópico, (embarazo en la trompa de Falopio, o en el ovario o en el canal cervical o en la cavidad pélvica o en la abdominal).
En el reporte de las organizaciones feministas se citan los casos de Ana y Aurora, “dos mujeres a las cuales el Estado de Costa Rica les denegó un aborto impune aún cuando su salud integral estaba en riesgo por ser embarazos de fetos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, tuvieron que recurrir a presentar sus casos en el 2008 y el 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisa la nota suscrita por las organizaciones feministas costarricenses ante el Cedaw.