Operación Quijote es el nombre que le dieron al operativo en el que las autoridades panameñas lograron pegar en ese país al tico Segura Angulo, conocido con el alias “Narizón”, quien figura en la investigación del caso Fénix como el principal líder de una banda criminal dedicada al lavado de dinero en Pérez Zeledón y otras partes de Costa Rica.
Para dar con esta banda criminal intervinieron varios grupos internacionales de investigación, entre los que destacan el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, Interpol y Fuerzas Policiales panameñas.
Junto a Segura, fueron detenidos otros dos de sus subalternos de apellidos Garro Núñez y Núñez Jiménez, quienes se encontraban en fuga con él y su esposa.
Jon Dornheim Castillo, director de la Fuerza Pública panameña, indicó que “esas personas mantienen alerta roja por la Interpol. Estas organizaciones se dedican al tráfico de personas y blanqueo de capitales”.
Castillo indicó a los medios canaleros que al grupo con el que se encontraba Narizón se le adjudica el 75% de los homicidios cometidos en Chiriquí entre el 2019 hasta la fecha.
Al igual que en Costa Rica, meses atrás, las autoridades panameñas realizaron varios allanamientos. En total fueron 16. Así lo informó la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, que además de los tres fugitivos costarricenses también atrapó a otros cuatro sujetos, por los delitos mencionados anteriormente.
Octavio Nicolau Fiscal panameño manifestó que las diligencias para dar con esa banda criminal se han venido realizando desde hace unos meses atrás. “Inició en agosto del año pasado producto de información proporcionada por el FBI a través del cual se pone en conocimiento del delito de blanqueo de capitales en esa provincia (Chiriquí)”, acotó Nicolau.
En las acciones policiales también se logró el decomiso de armas de fuego, municiones, dinero, equipos electrónicos y documentos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.
Luego de agarrar a los ticos, la Interpol Panamá se comunicó de forma inmediata con las autoridades costarricenses. Desde el departamento de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron esa información.
Desde el Ministerio Público indican que los costarricenses no estarían vinculados con el proceso que se sigue en Panamá, pero de momento “están en contacto con las autoridades panameñas que continúan con las diligencias en aquella nación y se está a la espera de recibir una notificación formal, por parte del sistema de Interpol”.
LO VUELVEN A PEGAR EN LA MISMA ZONA
Esta no es la primera vez que pegan a Segura Angulo en Chiriquí. En el 2013, las autoridades de la Interpol de Panamá lo aprehendieron mientras que, al igual que ahora, huía de las autoridades costarricenses.
En aquella ocasión, al hombre lo investigaban por tener nexos con Juan Manuel García Hernández, alias “El Güero”, uno de los líderes del Cartel del Golfo en México, quien fue condenado en 2013 a 11 años de cárcel por tráfico internacional de drogas. Por esa misma causa debe ir a juicio Giovanni Segura Angulo y, al parecer, durante este año se le realizaría un juicio.
COMPAÑERA EN FUGA
En Costa Rica, el 22 de febrero del presente año, se realizaron 28 allanamientos en los que se detuvieron testaferros de la organización, contadores, abogados y funcionarios públicos que ayudaron a Segura a blanquear el dinero en el sistema bancario de Costa Rica, así lo indica el expediente 19-000082-1322- PE, del que DIARIO EXTRA tiene copia.
A pesar de los mega operativos realizados por el OIJ con todas las personas involucradas, no pudieron a detener a los cuatro principales líderes del grupo criminal pezeteño.
Al igual que hace 50 días, en esta ocasión, la mujer de apellidos Chacón Vargas, alias “Nana”, la compañera de Narizón, tampoco pudo ser detenida y se desconoce su paradero, sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de que ella se encuentre en territorio panameño.
Según el expediente de la de la fiscalía, Nana y Narizón se encargaban de manejar a las personas que trabajaban en su organización.
En el caso de Nana, ella fungía como contadora de la red criminal, tal y como lo demuestran las conversaciones interceptadas por los investigadores en el caso Fénix.
LA RED EN COSTA RICA
Luego de Narizón y Nana, se encontraba el sublíder Carlos Antonio Garro, quién brindaba su nombre para crear sociedades y lavar el dinero, al igual que Rabi Said El Halabi, quien proviene de Líbano.
Posterior a los sublíderes se encuentra David Núñez Jiménez, uno de los detenidos en Panamá, quien brindaba su nombre para crear sociedades y también sacar cuentas bancarias para que Segura Angulo tuviera sus milloncitos bien guardados.
Segura también contaba con choferes para llevar y traer sus mercancías, millones y gente. Se trata de los conductores Freddy Ríos Solano, Rafael Calderón Ulloa, Albin Campos, Christian Fernández, Ronald Sibaja Quirós e Iván Vargas Garro, a quienes Segura utilizaba también para crear sociedades.
Sus representantes legales eran Giovanni Sibaja (fallecido) y Karol Priscilla Barrantes Fallas. El expediente dice que, en el caso del fallecido, como abogado y notario “coadyuvó a con trámites legales a efectos de justificar y realizar ocultamientos de bienes”.
Dentro de la red hay dos contadores, se trata de Ivannia Rojas Dobles y Emilio Soto Riggioni, ambos “llevaban la contabilidad y finanzas de las empresas de Segura Angulo, brindando asesoramiento y elaboraciones técnicas de los planes a efectos de poder justificar los dineros de origen ilícito”.
Sus tentáculos llegaron hasta la banca privada, con el gerente de la sucursal de Pérez Zeledón de Banco Promérica, José Beita Quesada, quien colaborara con Segura a “insertar a la economía nacional dinero que no puede ser justificado a cabalidad”.
La banca pública no se quedó atrás, Yunior Iván Granados Ulloa, del Banco de Costa Rica “colaboró para ingresar los dineros a la economía nacional”.
En la Municipalidad de Pérez Zeledón le colaboraba Olger Godínez Miranda para gestionarle aprobaciones municipales necesarias para evitar la clausura de Hacienda Fénix y, para que el lugar siguiera funcionando, desde el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), José David Vargas Barrantes le colaboraba.
Diego Castro Calvo, en función de subdelegado cantonal de Pérez Zeledón, funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ofreció favorecimiento para evadir las consecuencias legales y administrativas ante el incumplimiento de la normativa de tránsito.