Familiares de reos anuncian manifestación

Los familiares de personas privadas de libertad preparan una manifestación para los próximos días, con el objetivo de expresar su descontento ante el reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Paz, que impone restricciones a los reos de Máxima Seguridad en la cárcel La Reforma.

Así lo confirmaron representantes de la agrupación Familia Penitenciaria Unidad CR, quienes cuestionan las limitaciones impuestas en temas como visitas, llamadas telefónicas y entrega de encomiendas.

Además, denunciaron que las condiciones actuales dentro del centro penitenciario son muy difíciles, especialmente en lo relacionado con la alimentación.

“Estamos cansados de todas estas situaciones y consideramos que existe una manipulación por parte de las autoridades penitenciarias”, expresó Maureen Esquivel, portavoz de la agrupación.

La protesta está programada para el miércoles 17 de setiembre, con salida desde el centro de San José hasta las instalaciones del Ministerio de Justicia y Paz.

“Nos unimos en una manifestación para exigir respeto, dignidad y mejores condiciones para las personas privadas de libertad”, indicó la agrupación.

Como parte de las protestas, varios pabellones de alta contención iniciaron una huelga de hambre, la cual fue confirmada por las autoridades penitenciarias.

Los privados de libertad designaron al extraditable Celso Gamboa como su representante para canalizar las quejas ante el Poder Judicial. 

Acceso a la información en duda

Una jueza de ejecución de la pena ordenó recientemente restablecer el acceso a pantallas televisivas y microondas en los pabellones de alta contención.

Abogados y activistas han señalado que, de cara al proceso electoral presidencial de 2026, los reos deben tener acceso a información que les permita ejercer su derecho al voto.

Rafael Ángel García, representante de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, presentó un amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Justicia y Paz tiene solo tres días para rendir informes tras la acusación por la directriz que prohibió el acceso a televisores, radios y periódicos en la población de alta contención”, explicó García.