
Con la intención de fortalecer los controles contra el “lavado de dinero”, familiares y socios de personas vinculadas a la política enfrentarían controles bancarios más estrictos.
La propuesta busca que el rastro del dinero en el país sea muy claro, poniendo un foco especial sobre quienes rodean a las personas que toman las decisiones políticas.
Esto después de que los diputados de la Comisión de Seguridad dictaminaran de manera afirmativa el Expediente 25.208 que impulsa una reforma integral contra la legitimación de capitales.
El plan busca cumplir con lo solicitado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en temas de blanqueo de capitales, de cara a una evaluación que realizará el organismo internacional a finales de 2026.
Si el país no demuestra que tiene reglas más fuertes, podría caer en una “lista gris”, lo que alejaría la inversión y complicaría los negocios internacionales.
Hasta ahora, los controles se centraban en los políticos mismos, conocidos técnicamente como PEPs (Personas Políticamente Expuestas).
Sin embargo, la propuesta propone ampliar este círculo para evitar que se use a familiares o amigos para ocultar dinero de dudosa procedencia.
Si la ley se aprueba, los bancos deberán aplicar controles estrictos no solo al funcionario, sino también a: La familia cercana, socios y amigos íntimos, y altos mandos internacionales.
Uno de los cambios más llamativos es que la vigilancia no se acaba cuando el político deja su puesto. Según el proyecto, una persona seguirá siendo considerada “PEP” (y, por tanto, sujeta a controles extra) por ocho años adicionales después de haber terminado sus funciones.
Para quienes ocupen la silla presidencial, la condición de persona expuesta políticamente será indefinida, es decir, el banco siempre tendrá que saber de dónde viene cada colón que manejen.
Para que este control no sea un desorden, se creará el Centro de Información Conozca a su Cliente (Cicac).
Es como una gran base de datos manejada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) donde estará la información básica de los clientes.
Esto ayudará a que los bancos detecten rápidamente si alguien está tratando de mover dinero sospechoso en varias entidades al mismo tiempo.
Además, si el banco nota algo realmente extraño, tendrá la potestad de congelar el dinero sospechoso por hasta 72 horas de forma inmediata, mientras avisa a las autoridades para que investiguen.
Todo esto se hará sin avisarle al cliente para no “asustar” a los posibles delincuentes. Con esta medida Costa Rica busca cerrar los portillos que el crimen organizado y la corrupción han usado durante años.
Al poner reglas más claras para los políticos y sus familias, el país intenta enviarle un mensaje positivo a nivel internacional, de que tiene los controles para evitar el lavado de dinero.



