El atraso en la publicación del reglamento a la Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible, tiene molesto al sector pesquero, pues la nueva norma resulta inoperante sin la definición de estas reglas.
Se quiere que la Fiscalía General de la República abra una causa al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, por supuesto incumplimiento de deberes
La administración Chaves Robles firmó la Ley N.º 10304 en agosto del año anterior. Desde entonces han transcurrido ocho meses sin que se publique el reglamento.
Se supone que este debía estar listo en febrero. No obstante, a la fecha, ni se ha enviado para su revisión a leyes y decretos, según una consulta hecha por DIARIO EXTRA.
Un funcionario público incurre en incumplimiento de deberes cuando ilegalmente omita, rehusé hacer o retarde algún acto propio de su función. El riesgo es quedar inhabilitado de uno a cuatro años. Así está definido en el artículo 339 del Código Penal.
“Hay un claro y evidente delito de incumplimiento de funciones por parte de quien ocupe el cargo de ministro del MAG”, indica la nota a la que tuvo acceso este medio.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica intentó conocer el criterio del ministro Carvajal y del presidente del Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Heiner Méndez.
Al respecto, la Oficina de Prensa indicó: “Hoy fue recibido en el Despacho Ministerial por parte de Incopesca, el borrador de Reglamento de la Ley 10.304, el cual está en revisión y se prevé que esta misma semana salga a consulta pública. El ministro no ha sido notificado de la denuncia indicada”.
PROMESA DE QUITAR LICENCIAS GRATUITAS
Mauricio González, director de la Cámara de Pescadores de Palangre dijo, ante una consulta de este medio, que se ocupa del reglamento para poder implementar la ley, tanto para el beneficio de Costa Rica como de los sectores pesqueros.
Un cambio fundamental que pretende la nueva ley es actualizar las condiciones bajo las cuales se dan las licencias de pesca de atún. Ahora no habrá prórrogas gratuitas.
En su momento, el Gobierno dijo que con la norma se pretendía quitar “las licencias gratuitas” y que los barcos se llevaran la riqueza atunera nacional pagando montos ridículos.
El Incopesca debe fijar el canon por registro y licencias de pesca para barcos internacionales, así como los nacionales.
La ley también manda al Incopesca a realizar una serie de estudios técnicos en un plazo específico, como la ampliación del área de reserva de la zona económica exclusiva.
Se establece, además, la creación de una flota pesquera nacional y se declara de interés nacional para que se incorporen artes de pesca sostenibles que no dañen el medio ambiente.