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Los pagos de los subsidios para las personas trabajadoras que cuidan a pacientes en fase terminal o a menores de edad gravemente enfermos podrían suspenderse a partir de noviembre por falta de recursos.
Ante esta posibilidad, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) un informe conjunto sobre cómo garantizarán la continuidad del beneficio.
Según datos remitidos por la CCSS, al 8 de octubre el programa tenía disponibles ₡375,9 millones, mientras que el gasto mensual promedio asciende a ₡401,3 millones. La diferencia evidencia el riesgo de que los fondos no alcancen para cubrir los pagos de noviembre y diciembre de 2026.
La Defensoría señaló que la situación se conoce desde hace varios meses. Desde enero de este año, la CCSS ha advertido sobre la necesidad de reforzar el presupuesto y, en julio, su Presidencia Ejecutiva identificó posibles faltantes de entre ₡155 millones y ₡991 millones, según el comportamiento de la demanda.
Sin embargo, el trámite para resolver el déficit continúa pendiente. DESAF indicó que necesita información financiera y contable de la CCSS, así como datos sobre cobertura e informes de 2026, para valorar un eventual refuerzo presupuestario. La Caja reconoció el 12 de octubre que todavía no tiene una fecha definida para completar la información solicitada, debido a dificultades con los cierres contables y el sistema ERP-SAP.
“La coordinación entre instituciones es fundamental para garantizar respuestas oportunas. Las dificultades administrativas no deben poner en riesgo el bienestar de las familias que dependen de estas licencias. Es momento de fortalecer el diálogo y construir soluciones conjuntas que garanticen la continuidad de este apoyo”, señaló Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes.
La institución recordó que estos subsidios permiten a las personas cuidadoras mantener un ingreso durante el periodo de licencia reconocido por la Ley N.° 7756. Una suspensión o un atraso podría afectar la economía familiar y la atención de quienes requieren cuidados especiales. Además, advirtió que en 2025 ya se produjo una suspensión temporal del beneficio por falta de recursos.
Por eso, la Defensoría pidió a ambas instituciones detallar el plan para asegurar los pagos de noviembre y diciembre, precisar el monto actualizado del faltante y señalar de dónde provendrían los recursos necesarios. También solicitó informar si se activó el mecanismo legal que permite incorporar fondos adicionales al Presupuesto de la República mediante una transferencia a la CCSS.
Entre los puntos requeridos figuran, además, las medidas para resolver las diferencias de información entre las instituciones, el estado de los subsidios aprobados que siguen pendientes de pago y el protocolo que se aplicaría si los fondos se agotan antes de concretar el refuerzo presupuestario.
La Defensoría insistió en que las dificultades administrativas y contables no deben dejar desprotegidas a las familias y pidió a las autoridades encontrar una solución antes de que el riesgo de suspensión se materialice.