Sucesos
La presentación de dos proyectos de ley para que los privados de libertad trabajen y así puedan obtener ciertos beneficios ha generado diversas reacciones en varios sectores de la sociedad.
Se trata de los expedientes 24.612 y 24.614, presentados por los diputados María Marta Carballo y Fabricio Alvarado, respectivamente, quienes establecerían la obligatoriedad para que los reos con cierto perfil criminal puedan acceder a un empleo.
En la actualidad, más de 6.000 reclusos estudian o trabajan en los diferentes centros penitenciarios del país, sin embargo, esta población lo hace de manera voluntaria y existe el cuestionamiento de que si la capacidad en infraestructura es suficiente para que más lo puedan hacer.
DIARIO EXTRA consultó al Ministerio de Justicia y Paz sobre este tema, pero reconocen que hay limitaciones que impiden la aplicación de ambas iniciativas.
Juan Carlos Arias, viceministro de esa institución, quien fue anteriormente director de Adaptación Social, reconoció que ya alcanzaron la capacidad máxima en el tema de trabajo de privados de libertad, ante la deficiencia del personal penitenciario.
“Tenemos que reconocer que la cantidad de policías que acompañan y custodian este tipo de actividades a las cuadrillas no es suficiente, hemos señalado en otros contextos, que son más de 2.000 policías los que necesitamos para completar en este caso los equipos suficientes para crecer en estas posibilidades”, explicó.
Además, aseguró que la principal intención de Justicia y Paz es poder, por lo menos, duplicar la población penitenciaria que trabaja, sin embargo, es consciente que la capacidad de infraestructura es limitada para que estudien algún oficio.
No obstante, reconoció que, por medio de las labores que realiza menos del 50% de los reclusos, el país se autoabastece de insumos o servicios que no tienen que costearse con recursos del Estado.
“A través de esta manufactura no tenemos que comprar camarotes, muebles que se utilizan en oficinas ni equipamiento para la Policía, porque nosotros con la compra de materia prima y utilizando esa mano de obra logramos dar este abasto”, añadió.
Arias reconoció que no hay recursos policiales suficientes ni unidades de transporte para movilizarlos a otros lugares para realizar labores.
Un importante grupo de personas llega a las cárceles sin estudios primarios ni secundarios, por lo cual se les brinda la posibilidad de educarse por medio del Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
A pesar de esto, al igual que con el tema laboral, las capacidades de infraestructura son muy limitadas para que toda esta población pueda acceder a condiciones adecuadas para estudiar.
LLAMADO
El viceministro hizo un llamado a los legisladores para que, cuando planteen propuestas de este tipo, previamente realicen consultas técnicas a las autoridades carcelarias.
“Es importante que nosotros nos demos la posibilidad de informar qué actividades se tienen y sobre cuales podríamos tener alguna mejoría en alguno de estos procesos, porque si no, podríamos estar queriendo formular leyes sobre algo que ya se analizó o ya se resolvió”, manifestó.
Asimismo, recordó que también se debe analizar con qué recursos se cuentan y si se le brinda presupuesto a este tipo de iniciativas.
REGRESIÓN DE DERECHOS
DIARIO EXTRA conversó con Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública, sobre la visión que tiene de la obligatoriedad de empleo para los privados de libertad, quien calificó el tema como una posible regresión de sus derechos.
“Dentro de las visiones que existen en los proyectos de ley que se han presentado, existe una visión de establecer, como una pena principal, el trabajo obligatorio. Esto tiene dificultades de práctica o aplicación bastante complejas”, indicó.
Por otra parte, cuestionó que, si pasa de la voluntariedad a la obligatoriedad, hay que definir si el Ministerio de Justicia y Paz tiene la capacidad operativa para ofrecer esas fuentes de empleo.
“Estas personas no podrían cumplir con esa sanción, no porque quieran, sino porque la misma Administración Pública los ha puesto en una posición que no se puede cumplir”, expresó.
Además, recalcó que, si bien es cierto, existen instrumentos internacionales que promueven el trabajo, estos establecen reglas claras sobre temas de contratos de prestación laboral, como mínimos de horarios y salarios.
Asimismo, interrogó si el Estado tiene la capacidad económica para pagarle a los reos y si existe la posibilidad de sacar más presupuesto para hacerlo.
“Habría que preguntarse cuánto cuesta para el Estado tener detenida a una persona el día a día y si, adicionalmente a eso, el Estado va a asumir la obligación de pagar un incentivo o una contraprestación. Evidentemente estás elevando de una manera importante el costo de tener a una persona en condición de prisión”, agregó.
Esto implicaría que el Estado tenga que llevar un control de pagos, así como una supervisión de las actividades que realizan y un control del fondo de los dineros que estarían recibiendo, según Pérez.
SIN CONDICIONES
Rafael Ángel García, representante de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, señaló que las propuestas son positivas y vienen a refrescar el sistema, sin embargo, no hay condiciones necesarias para aplicarlas.
“Hoy en día los privados de libertad tienen la posibilidad de trabajar y estudiar, pero no todos.
El sistema penitenciario no está preparado ni acondicionado para darle trabajo a casi a 18.000 privados de libertad, porque no hay suficiente espacio, ni plazas de profesores”, argumentó.
Además, apuntó que en caso de que se puedan tener los recursos necesarios para que la población carcelaria pueda estudiar y trabajar, vendría a ser una verdadera opción de reinserción social.
