Falta de intérpretes de LESCO limita atención de personas sordas 

La falta de intérpretes profesionales de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) dificulta el acceso de las personas sordas a servicios de salud y otras instituciones públicas. 

Ante esta situación, la Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas a cinco entidades estatales para mejorar la accesibilidad y garantizar la comunicación de esta población.

La investigación inició tras una denuncia que señalaba que, en 2024, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) dejó de ofrecer interpretación por videollamada debido a falta de presupuesto. Además, se reportó que algunas instituciones, como el Instituto Nacional de Seguros (INS), solicitaban a los pacientes sordos llevar su propio intérprete a las citas médicas.

Posteriormente, en marzo de 2025, se presentó otra queja relacionada con el Área de Salud de Coronado, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a que una denuncia ante la Contraloría de Servicios habría permanecido durante meses sin respuesta ni medidas correctivas.

El panorama también quedó reflejado en el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA 2025) de CONAPDIS. De las 69 instituciones públicas evaluadas, solo el 15,94% contrató intérpretes certificados de LESCO y apenas el 11,59% tenía personal capacitado de forma permanente.

Aunque algunas entidades reportan avances, la Defensoría señaló que todavía existen barreras. Por ejemplo, el INS brindó 36 atenciones con interpretación durante 2025 y capacitó a 30 funcionarios, mientras que la CCSS reconoció que no cuenta con intérpretes certificados, pese a tener personal con conocimientos básicos de esta lengua.

Entre las recomendaciones, la Defensoría pidió al INS garantizar presupuesto permanente para este servicio; al INA fortalecer la formación y certificación de intérpretes, y a CONAPDIS establecer lineamientos para que las instituciones públicas garanticen el apoyo comunicacional.

Asimismo, solicitó a la CCSS diseñar un modelo que permita contar con intérpretes profesionales en los servicios de salud y evaluar alternativas de atención remota. También pidió al Consejo Presidencial Social dar seguimiento a los compromisos de coordinación entre instituciones y organizaciones de personas sordas.

“La accesibilidad no puede depender de que las personas usuarias sordas lleven sus propios intérpretes para recibir atención del Estado”, señaló Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes.