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La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) enfrenta una tensión interna debido al estancamiento del proceso de acreditación de su carrera en la sede Rodrigo Facio, la única de las tres sedes de Derecho que no cuenta con acreditación nacional ni internacional.
Así lo aseguró Jonathan Alfaro, estudiante de derecho y asambleísta, con quien Diario Extra tuvo la oportunidad de conversar para conocer de lleno dicha problemática.
La situación generó preocupación entre estudiantes, docentes y exmagistrados que integran la Asamblea de Facultad, quienes reclaman falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la decana Marcela Moreno, recientemente reelecta en agosto y quien cursará su segundo periodo como encargada.
El proceso de acreditación internacional, impulsado años atrás bajo la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), había avanzado hasta la firma de un acuerdo entre las autoridades universitarias y la entidad acreditadora.
Según explicó Alfaro, la documentación fue elaborada y gestionada por la profesora Marcela Muñoz, pero tras la llegada de la actual decana en 2021, el expediente fue retirado, la responsable destituida de la coordinación y el contacto con la agencia se interrumpió por completo.
“Se logró y firmó un acuerdo que suscribió el rector de ese momento, Gustavo Gutiérrez Espeleta. Lo firmó el máximo jerarca de la universidad, lo firmó Galicia, lo firmó la decana. Ya eso estaba acordado. El acuerdo estaba listo; solo faltaba ejecutarlo”, dijo el estudiante.
Para 2023, la decanatura presentó ante la rectoría un argumento que desconcertó a la comunidad académica: aseguró que la acreditadora solicitaba 75 becas doctorales, un requisito que implicaría millones de dólares y que, según fuentes internas, nunca fue planteado por la agencia europea.
Alfaro aseguró que el profesor Walter Antillón, verificó directamente con ACSUG y confirmó que la comunicación se había roto desde 2021 y que dicha exigencia nunca existió.
La falta de avances y las contradicciones motivaron a un grupo de estudiantes y profesores a solicitar formalmente una sesión extraordinaria de la Asamblea de Facultad para exigir explicaciones.
El artículo 83 del Estatuto Orgánico (norma que rige a la UCR) obliga a la decana a convocar cuando al menos el 20% de la Asamblea, con mayoría de docentes lo solicite. Sin embargo, pese a que las firmas fueron entregadas de manera física y en cumplimiento de los requisitos exigidos por la decanatura, la convocatoria fue rechazada y posteriormente “suspendida indefinidamente”.
Este medio tuvo acceso al documento FD-2533-2025, con fecha del 20 de noviembre del presente año, en el cual la decana Moreno da la suspensión.
“En relación con la convocatoria planteada para la realización de una Asamblea de Facultad, se les informa que, ante las dudas jurídicas que plantea la gestión y trámite de dicha convocatoria, se ha solicitado criterio jurídico a la Oficina Jurídica de la UCR”, inicia la carta dirigida a los asambleístas.
Según la decanatura, las razones para suspender la gestión son que aún deben aclararse jurídicamente dudas sobre: la participación de docentes interinos, la discusión de la acreditación mientras una comisión ya trabaja el tema, la competencia para modificar regulaciones de los consultorios jurídicos, la posibilidad de cambiar criterios vigentes sobre prácticas dirigidas y plan de estudios, y la legalidad de ordenar concursos exclusivos para mujeres.
“Dado que estos temas afectan directamente la legalidad, validez y eficacia de cualquier acuerdo que eventualmente adopte la Asamblea, y que su adecuada resolución requiere interpretación normativa especializada, es necesario suspender el trámite respectivo hasta recibir la respuesta formal de la Oficina Jurídica”, concluye la decana.
Jonathan Alfaro enfatizó que la suspensión resulta ilegal, pues el mecanismo de convocar a la Asamblea de Facultad a instancia de sus miembros existe precisamente para ejercer un control administrativo sobre los decanos.
Dado esto, la comunidad interna cuestiona la ausencia de la rendición de cuentas anual, el cierre prolongado del edificio tras una inundación y decisiones como la virtualización de las clases de verano tomadas sin aprobación de la Asamblea.
Ante toda esta problemática, los estudiantes suscribieron una carta titulada “Crisis democrática en la facultad de derecho”, pues aseguran que la ausencia de respuestas y la negativa a convocar una sesión solicitada generan preocupaciones legítimas sobre la transparencia en la toma de decisiones.
“En un contexto universitario, donde la deliberación colectiva es un principio esencial, estas señales son especialmente inquietantes”, dice el documento suscrito por la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho.