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Jefferson Rodríguez Martínez es un joven ejemplo de superación y deseos de vivir, él sufre parálisis cerebral desde su nacimiento, sin embargo su condición no le impidió sentar un precedente legal.
Su historia y la de su madre Marjorie Martínez es de admirar, la cual hoy le cambiará la vida a muchas personas con discapacidad que, como Jefferson, antes no tenían ni voz ni voto para decidir sobre sus gustos, su sexualidad y otros aspectos importantes.
El joven logró que el Tribual de Desamparados le diera la potestad absoluta de decidir sobre su cuerpo, situación que a todas luces comprende un avance de magnitudes antes impensables y que fue un éxito gracias a la ley de Salvaguarda de la Igualdad Jurídica de la Persona con Discapacidad.
Jefferson posee una capacidad intelectual superior que quedó demostrada en los tribunales, por ello la jueza no dudó en dictar la sentencia, la que hoy es caso de estudio y puede beneficiar a muchos que viven situaciones parecidas.
En buena hora, pues para nadie es un secreto que en nuestro país la población con discapacidad supera las 400 mil personas, de ellos una buena parte no posee autonomía ni de su cuerpo ni de sus ingresos, si es que trabajan, de manera que no pueden tomar de decisiones legales o financieras.
A 20 años de creada la Ley 7600, aún subsisten rezagos considerables que afectan el diario vivir de los que tienen discapacidad y parece mentira que el Estado tampoco ponga en acción los mecanismos disponibles para revertir esa realidad.
Ante esa falta de atención y ejecución, los jueces de Desamparados le pegaron un jalón de orejas a todo el sistema, señalando al Hospital San Juan de Dios, al PANI, MEP y otros entes por literalmente relegar al joven a una vida limitada, mientras quedó claramente demostrado que sus capacidades exceden las diagnosticadas por los profesionales que durante todo este tiempo atendieron a Rodríguez.
Con este fallo histórico se rompen los mitos que rodean la vida de muchos hombres y mujeres que por su condición son confinados a estar en una casa, en cama, sin educación ni trabajo, supeditados a la voluntad de terceros. Los jueces le dieron voz y voto a la población con discapacidad como nunca antes lo hizo un tribunal de la República.
A pesar de que el país ha luchado bastante por tratar de eliminar la discriminación y la falta de oportunidades para las personas con alguna discapacidad, aún nos queda mucho por hacer.
Veamos cifras, más del 65% de las personas con discapacidad no labora en ningún lado, a pesar de que en muchos casos han estudiado alguna carrera y además se han graduado con honores.
O bien la mayor parte vive en estado de extrema pobreza y pobreza, pues no poseen casa propia, y tampoco tienen recursos para alimentarse sanamente como su cuerpo lo requiere. En ocasiones viven subordinados a las decisiones de terceros sobre ellos.
Las personas con discapacidad sufren desde siempre y no importa que exista una ley que les proteja, son pocas las empresas privadas que abren sus puertas para darles trabajo digno y en el Estado tampoco se hacen los esfuerzos para incorporarlos.
Ni que decir de las opciones educativas, hay escuelas y colegios que no ofrecen tal oferta académica y, por el contrario, discriminan estudiantes por ciertas condiciones que a criterio institucional les demandarían mayores gastos.
Hay resoluciones de la Sala Constitucional, de los Tribunales y hasta reglamentos internos, pero ninguno supera la falta de voluntad política y la ignorancia de la sociedad.
Todos tenemos alguna dificultad para realizar tal o cual tarea, hay destrezas, cualidades y calidades que algunos no cumplimos para ejecutar ciertas labores u oficios, pero eso no implica ser desplazado, discriminado o marginado.
Jefferson desde su silla de ruedas demostró que cuando se quiere se puede y la ley le dio la razón. Ahora se reconoce que él puede decidir sobre su cuerpo, llegar a dicha autonomía le llevó horas de entrega y mucha pasión.