La sentencia de la Sala Constitucional sobre el presupuesto de la República 2025, aprobado por la Asamblea Legislativa el año pasado, el cual no destina un 8% del producto interno bruto (PIB) para la educación, es un acto simbólico, de acuerdo con la opinión de expertos.
Para este año se aprobaron ¢2.580.414 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP), lo que representa un 4,9% del PIB y una reducción de ¢5.800 millones respecto a 2024, cuando correspondió al 5,2%.
Ante consulta formulada por la Defensoría de los Habitantes, el alto tribunal consignó que al no destinarse al menos un 8% a esa cartera se incumple con lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política y se violenta el derecho a la “educación gratuita y costeada por la nación”.
Sin embargo, el fallo de la Sala IV no es vinculante, por lo que ni los diputados ni el Ministerio de Hacienda están obligados a realizar reforma alguna para el presupuesto anual.
¿Cuándo es vinculante?
Tal como explica Luis Felipe Rodríguez, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, las sentencias de la Sala IV ante consultas legislativas de constitucionalidad solo son vinculantes cuando refieren en el procedimiento de aprobación de la ley, es decir, en las etapas que debe cumplir la iniciativa para ser aprobada.
“Si el vicio es de procedimiento, esa sentencia es de acatamiento obligatorio, ya que es vinculante, lo que significa que el proyecto de ley no puede avanzar hasta que no se remedien esos defectos”, comentó.
Pero cuando la Sala advierte que la iniciativa roza con la Constitución por el fondo, o sea, por lo que dice la ley, la sentencia no es de acatamiento obligatorio para los diputados, ya que “sí pueden y bajo su propia responsabilidad aprobar la ley, aunque la Constitucional haya dicho que hay vicios”.
Según ilustra, el objetivo del mecanismo de consulta no es obstaculizar el trabajo del Congreso, sino simplemente advertir de posibles vicios.
En caso de aprobarse con el texto cuestionado por el tribunal, puede presentarse una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, esos procesos generalmente tardan más de un año en ser resueltos por la Sala, por eso el presupuesto anual se ejecutaría tal como se aprobó.
Rodríguez afirma que, a pesar de esto, en dos ocasiones fue declarado inconstitucional un presupuesto de la República: la primera por no cumplir con lo estipulado para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en 2017 y la segunda por no asignar lo reglado al Poder Judicial para 2024.
Aunque el fallo es simbólico, aclara el experto, sienta jurisprudencia y si se vuelve a presentar una consulta constitucional o una acción contra un presupuesto que cumpla con el 8% para el MEP, la sentencia será igual a la reciente.
Nunca se ha cumplido
Para Carlos Campos, consultor en Derecho Administrativo, a pesar de que debería cumplir con la obligación constitucional de presupuestar al menos el 8% del PIB para la educación, eso nunca se ha cumplido. “Como históricamente eso no se ha cumplido y no ha pasado nada, lamentablemente creo que este año no se logrará y no va a pasar mayor cosa, salvo el uso político que le quieran dar al tema”, aseguró.
Lo más cerca que se ha estado de cumplir con la norma fue en 2017, durante la administración Solís Rivera, cuando se asignó al MEP el 7,1% del PIB.
De esta forma, durante los últimos 40 años en los gobiernos de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC) nunca se logró el objetivo del 8% del PIB para esa cartera.
Tal como explica Leonardo Garnier, titular del MEP entre 2006 y 2014, fue gracias a la Ley No.8954 de 2011 que se puso la meta de llegar a ese piso presupuestario, lo cual se esperaba alcanzar de manera escalonada.

Nogui Acosta
Ministro de Hacienda
“Para cumplir con eso habría que derogar la regla fiscal y aparte de eso aumentar el impuesto al valor agregado en 10% o eventualmente endeudarnos un 3,5% del PIB cada año”.
Leonardo Garnier
Exministro de Educación
“Lo que realmente importa es cuánto invertimos por estudiante. Cuando uno compara Costa Rica con Islandia o Países Bajos, ellos invierten el triple que nosotros por estudiante”.


Paulina Ramírez
Diputada
“Como dicen los expertos, no es vinculante y nadie está obligado a lo imposible, pero sienta un precedente para ir creciendo año tras año y alcanzar la meta de destinar el 8% del PIB”.