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La factura electrónica dejará sin empleo a 5 mil familias que se dedican al negocio de las imprentas. Un grupo de afectados se aglomeró frente al Ministerio de Hacienda para exigir respuestas.
Es probable que soliciten audiencia con el presidente Luis Guillermo Solís porque aseguran que no se les consultó y los dejaron en una situación de indefensión, pese a que su actividad es la que lleva el pan a sus hogares.
“Yo trabajé y estudié para esto, ahora me quieren quitar el sustento. No es justo, si estuviera en mi situación estaría preocupado. Yo tengo 35 años de dedicarme a las imprentas, no tengo otro trabajo y con esto pago el estudio de mis hijas”, explicó Freddy Fallas, uno de los afectados.
Mientras que Laura Arguedas, vocera de Empresarios de Imprentas Unidos de Costa Rica, indicó que si el gobierno no va a detener la factura electrónica exigen una indemnización.
“¿Qué creen que nos va a decir el banco? Tenemos deudas, tenemos máquinas de impresión, que cuestan mucho dinero, y ahora nadie las va a querer comprar. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias”, manifestó.
En el caso de Arguedas, tiene 10 años de dedicarse a este negocio y afirma que la venta de volantes no es constante.
“El 80% del trabajo viene de las facturas. Hacemos 500 mil facturas en un año”, comentó.
Un problema adicional al que se enfrentan es que aumentó el precio del papel ante el anuncio de la factura electrónica.
“El gobierno debe velar y cuidar a las empresas. Nosotros pagamos a la Caja e impuestos, no pueden hacernos esto”, agregó.
También solicitan ayuda al Instituto Nacional de la Mujer, pues muchos de los afectados son mujeres.
“La falta de empleo provocará un gran caos para nuestras familias y hasta afectará la seguridad social. Solicitamos que el Ministerio de Hacienda sea consciente y que el gobierno nos apoye y nos deje trabajar implementando otra forma que no perjudique a nuestras empresas”, acotó.