FA propone que abogados que defiendan a personas relacionados con el narco demuestren origen de fondos usados para pagar honorarios
Algunos diputados oficialistas respaldarían la propuesta
Los abogados que asuman la defensa de personas investigadas o acusadas por delitos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, financiamiento del terrorismo y legitimación de capitales tendrían que demostrar la procedencia de los fondos utilizados para pagar sus honorarios. Esto si avanza en la corriente legislativa un proyecto de ley presentado por el diputado Antonio Trejos del Frente Amplio (FA) y que cuenta con el respaldo de algunos diputados oficialistas.
La iniciativa pretende incorporar un artículo a la legislación contra los estupefacientes y el crimen organizado para establecer mecanismos de trazabilidad sobre los pagos recibidos por los profesionales en derecho que intervengan en este tipo de procesos.
Trejos explicó que la obligación aplicaría independientemente de que posteriormente se determine la culpabilidad o inocencia de la persona representada.
“Cuando un abogado defensor de un caso de narcotráfico, independientemente de la culpabilidad de su cliente, recibe los honorarios por hacer esa defensa, tenga que demostrar de dónde vienen esos fondos. Que haya trazabilidad”, explicó.
Según el legislador, la medida se concentraría en pagos superiores a 10 salarios base, cifra que estimó en aproximadamente ₡4,6 millones.
La intención es que exista información sobre quién realizó el pago, hacia dónde se dirigió, en qué momento se efectuó y cuál fue el origen de esos recursos.
“Con esto lo que queremos es golpear el crimen organizado donde más le duele, que es la billetera, y que el dinero de actividades eventualmente ilícitas no termine en las manos de bufetes ni termine en los estrados de justicia”, afirmó Trejos.
El proyecto también establecería una prohibición para recibir en efectivo pagos de honorarios que superen el límite establecido.
Cuando la suma exceda los 10 salarios base, el abogado tendría que recibir el dinero mediante mecanismos que permitan identificar su procedencia, como una transferencia bancaria realizada a través de una entidad supervisada o mediante cheque.
Trejos sostuvo que estos mecanismos permitirían dejar registro de la operación y facilitar la trazabilidad de los recursos utilizados para financiar la defensa legal en investigaciones relacionadas con actividades del crimen organizado.
