La fracción del Frente Amplio (FA) procura moderar la sanción en un proyecto de ley promovido por el Gobierno, el cual establece que la condena para quienes intenten introducir dispositivos de comunicación en los centros penitenciarios sea de dos a cuatro años.
Actualmente, existe un vacío legal para penalizar estos actos, pese a que, solo en el último año, las autoridades de la Policía Penitenciaria han decomisado en las prisiones más de 7.000 teléfonos móviles y 9.000 chips telefónicos.
Priscilla Vindas, diputada del FA, presentó una moción ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que la pena oscile entre uno y cuatro años, lo que generó molestia en varios legisladores.
“Estamos hablando de una categoría bastante amplia de dispositivos, como tarjetas SIM, pero no se reduce la pena, sino que se amplía el rango para que el juzgador pueda imponer una sanción acorde con el delito cometido”, explicó.
Para ella, el castigo debería variar dependiendo de si el objeto en cuestión es un celular, un cargador o un chip telefónico. La oficialista Pilar Cisneros fue la primera en rechazar la propuesta. “Yo invito a votar en contra. Viendo cómo está la situación de inseguridad y que se organizan estafas desde las cárceles para ordenar asesinatos, ¿cómo vamos a disminuir la pena? ¿Para que haya más incentivos para ingresar estos aparatos?”, cuestionó.
El diputado Fabricio Alvarado opinó: “El problema de las estafas es ampliamente conocido, tanto que, incluso, muchas personas caen en ellas. Se aprovechan de la confianza de la gente para vaciar cuentas bancarias, pero además esto deriva en amenazas de muerte y en la coordinación de crímenes como el sicariato”. Añadió que lo ideal sería aumentar la pena para disuadir la comisión de este delito.
Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, expresó que jamás apoyaría una disminución del castigo, pero “aspiraría a que las prisiones cuenten con escáneres en las entradas, como ocurre en los controles de seguridad de los aeropuertos”.
