Extranjeros con VIH no recibirán tratamiento

Este martes cuatro diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobaron una serie de mociones para reformar la Ley General del VIH, entre ellas una del liberacionista Gustavo Viales que crearía un condicionante de atención a personas contagiadas por el virus y que tengan un estatus migratorio irregular.

La polémica se centra en la redacción del párrafo 3 de la moción, donde se indica que extranjeros con una condición irregular en el país “podrán” recibir el tratamiento mientras regulan su condición migratoria.

Sin embargo, para José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), esto sería una condicionante del acceso al derecho humano a la salud que no se da en el caso de nacionales o extranjeros en situación migratoria regular, portadores de esta enfermedad, donde la ley habla que “tendrán derecho” al tratamiento.

El frenteamplista criticó la redacción del texto de la moción. Dijo que el hecho que el país brinde un tratamiento médico para personas con VIH, sin importar su condición migratoria, no se hace para beneficiar a extranjeros indocumentados, sino por ser un tema de salud pública, porque el fin es evitar que el virus se propague. 

“Hay una diferencia sustancial entre el segundo y el tercer párrafo de la moción. Para locales y extranjeros en condición regular el texto dice ‘tienen derecho’, es decir, es algo que se puede reclamar o exigir.

Sin embargo, en el tercer párrafo se dice que las personas que realizan el trámite regulatorio ‘podrán’ recibir el tratamiento, es decir, no tienen el derecho, no se reconoce como tal. Hay una diferencia jurídica importante”, indicó.

Jorge Fonseca y Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), además de María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y la independiente Ivonne Acuña, del bloque Nueva República, aprobaron la moción.

En contra votaron, además de Villalta y Sánchez, Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN). 

NO SE NIEGA EL TRATAMIENTO

Pero el verdiblanco Viales insiste en que el espíritu de la moción nunca es negar el tratamiento, sino más bien tener un mejor control de los extranjeros que lo reciben. 

“La atención de la salud de las personas no se puede negar, eso es un derecho, pero eso es una cosa y el estado migratorio es otra. En la moción no estamos excluyendo que se atienda a la gente, sino que se atienda, pero que también en forma paralela tramite su proceso de regularización.

Si no se hace así vamos a tener una ola de migrantes en el país, donde se les atenderá sin ninguna restricción y no se podrá deportarlos porque obligatoriamente deben recibir el tratamiento. Entonces con el pretexto de que se les está atendiendo no se les podrá regularizar ni sacar del país. Es control migratorio”, declaró a DIARIO EXTRA.

Es decir, el objetivo es que ese migrante portador del virus reciba el tratamiento mientras a la vez normaliza su situación migratoria en el país.

¿Qué pasa si la persona no logra regularizar su estatus migratorio? La también liberacionista Paola Valladares, quien votó a favor de la moción, explicó en la comisión que, si una persona debe ser expulsada del país, esto no se haría hasta que su condición de salud lo permita. 

CATEGORÍAS

El oficialista Sánchez cree que la moción crea \”categorías\” de poblaciones y condiciona el acceso a tratamientos a iniciar el trámite de regularización migratoria. “Aunque apoyemos la regularización, una cosa no se puede supeditar a la otra”, acotó.

También refutó que se aprobara otra moción que, en el caso de las embarazadas, las obliga a realizarse la prueba del VIH sin consentimiento informado.

“Es decir, no pueden decidir si se la realizan o no. Esto es contrario a las buenas prácticas recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, una regresión respecto a la ley actual”, manifestó.

El proyecto debe pasar al plenario para su aprobación final.

PRINCIPALES CAMBIOS A LA LEY

Obliga a extranjeros con el virus en condición migratoria irregular a regular su estatus mientras reciben el tratamiento.

Se garantiza el tratamiento por parte de la CCSS a los extranjeros y nacionales en condición de pobreza o que no tengan trabajo para mantener un seguro de salud.

Obliga a las mujeres embarazadas a practicarse el examen de VIH.

Establece crear el Consejo Nacional de Atención Integral del VIH (Conasida) que coordinará el Ministerio de Salud.

El Estado destinará recursos para el desarrollo de programas de promoción de la salud y estilo de vida saludables, prevención y atención en relación con el VIH

Fuente: Expediente 21.031.