Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en días anteriores dijo que algunos extranjeros están involucrados en delitos que deben juzgarse con leyes ticas por dos razones: primero, porque en el país no existe la extradición, y segundo, porque la mayoría son nacionalizados y nuestra legislación los ampara.
“Yo sí quiero hacer conciencia, aparte del tema de la extradición, que es necesario y que en muchos países ha sido la solución para que se acaben de raíz muchos problemas que han tenido esos países, que también se debe tener cuidado con el momento en que se le da la ciudadanía a una persona que poco viene a contribuir al país.
Yo fui extranjero en algún momento, en alguna tierra, cuando estudié de joven y puedo darles fe de que es feo ese sentimiento de xenofobia, pero en este caso en Costa Rica se trata de personas que están cometiendo delitos o que de alguna forma se aprovechan de las facilidades que otorga el Estado costarricense”, declaró. En la Asamblea Legislativa existen varios proyectos de ley para ayudar a que el país avance en materia de seguridad y aplicar mano dura a los delincuentes sin caer en la inconstitucionalidad o bien sin que el periodo sea tan largo.
En algún momento la diputada Pilar Cisneros propuso el proyecto de extradición y la idea ganó fama cuando los Estados Unidos incluyó a un costarricense en la lista negra.
Sin embargo, este proyecto no lo vio con buenos ojos el Legislativo, mucho menos la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ya que lleva dos legislaturas y tardaría hasta dos años o más en aprobarse debido a una reforma constitucional.
“Con la extradición por parte de un tribunal de la República de Costa Rica conforme lo dispuesto en nuestra región política y, por supuesto, nuestras leyes se dé la extradición, esta reforma para tener un acceso que todo lo que corresponde a nuestro código político requiere dos legislaturas, lo cual conllevaría a dos periodos legislativos, verdad, mínimo dos años de poder hacer la ley”, expresó Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional.
UN NUEVO PROYECTO EN PUERTA
La Comisión de Asuntos Jurídicos emitió un dictamen positivo y unánime para el expediente 23.800, el cual pretende reformar artículos de la Ley de Opciones y Naturalizaciones.
Esta propuesta, impulsada por Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, y el diputado Danny Vargas, busca la revocación de la nacionalidad costarricense a aquellos extranjeros naturalizados que cometan delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
\”Algunas personas de otros países están usando la nacionalidad costarricense para evitar ser extraditadas cuando otros países lo piden. Por eso estamos trabajando en esta ley, para hacer más fuerte el sistema legal y evitar que usen la nacionalidad de Costa Rica de manera indebida\”, destacó Arias Sánchez.
“El proyecto que ha presentado don Rodrigo Arias, de la fracción de Liberación, corresponde a reformar el artículo 18 de la Ley Nº.1155 de Opciones y Naturalizaciones del 29 de abril 1950.
Esto es importante porque con este proyecto no requerimos dos legislaturas, sino que con solamente la reforma que se le dice a esa ley en ese artículo 18 tendríamos realmente las posibilidades en donde una persona, pues por una situación ya determinada que logró obtener su nacionalidad, pero con documentos falsos, con esta información que no corresponde o que esté realmente involucrada en algún tipo de delito, en este tipo de cosas y que sea procesada por la parte del tráfico de drogas o lavado de dinero, se perdería su naturalización”, agregó Jiménez.