En la Asamblea Legislativa se discute el expediente Nº.23.701 para reformar el artículo 32 de la Constitución Política.
Dicha propuesta permitiría la extradición de nacionales en caso de haber cometido delitos de narcotráfico fuera de su territorio.
Por esa razón los diputados invitaron a expertos de países latinoamericanos que ya realizan este tipo de acciones.
El primero en comparecer de forma virtual fue Gonzalo Gómez Escobar, asesor 2 de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, quien aconsejó que no se realice la extradición únicamente por estos dos delitos, sino que se vean las infracciones como un todo.
“Observando el texto que ustedes están discutiendo, estoy viendo que solamente están tomando la extradición para delitos de narcotráfico y terrorismo, por lo que la veo un poco limitada, ¿Por qué?
Por lo general, en el caso particular de los Estados Unidos, cuando una persona está cometiendo delitos de narcotráfico, en la mayoría de casos los gobiernos van a solicitar la extradición por narcotráfico, por lavado de dinero y por lo que ellos denominan ‘conspiración’. Si esta reforma queda solamente para narcotráfico, todas esas peticiones que se van a hacer podrían generar que se niegue la extradición, lo que ocasionaría incluso problemas de impunidad de las conductas”, manifestó.
El experto recomendó que esta modificación sea más amplia y general, elevándose a delitos no solo de narcotráfico, sino también de lavado de dinero, porque estarían ligados.
Para los legisladores esa exposición fue de gran importancia porque consideran que Colombia uno de los países referentes en esta materia.
“En un lapso de siete años se prohibió la extradición y tuvimos el fenómeno de Pablo Escobar, donde crecieron los grandes carteles de narcotráfico.
Ante eso, se hizo una valoración para restablecer la extradición, lo cual ha permitido la destrucción de los grandes carteles en Colombia. Se logró eliminar el Cartel de Medellín y el de Cali, entre otros”, agregó el asesor.
Aunque la modificación constitucional únicamente prevé los delitos de narcotráfico y terrorismo, la diputada Pilar Cisneros consultó cuáles son las principales razones por las que se extraditan personas en Colombia, con el fin de estudiar la posibilidad de ampliar la legislación.
“La mayoría es de narcotráfico, pero también por trata de personas. Existen muchas organizaciones, sobre todo delincuencia común, en el exterior donde hay ciudadanos colombianos. Delitos de atentados contra terceras personas, relacionados con armas de fuego y el tráfico de personas, que viene en auge”, indicó Gómez.
MÉXICO
Otro los invitados es Miguel Ángel Méndez, fiscal especial para Asuntos Internacionales de México, quien aseguró que su país hace varios años aprobó esta legislación porque observaron que muchas veces los delincuentes al saber que no los extraditarían seguían cometiendo ilícitos.
“Sabiendo que estas personas no se iban a extraditar seguían cometiendo ilícitos de gran envergadura. Ante esta situación hemos decidido terminar con la impunidad y conceder la extradición de nacionales”, afirmó.
Méndez dijo que entre las principales ventajas de la extradición está que se rompen los vínculos de estas personas con la organización, lo que para la Cisneros es fundamental porque en Costa Rica líderes de bandas criminales siguen realizando sus negocios y manteniendo sus contactos.
“Uno de los problemas que tenemos es que estas personas siguen haciendo sus negocios, sus contactos y hasta piden matar a personas por medio de sicarios porque no hemos podido controlar eso. ¿En México se ha podido controlar eso?”, consultó.
El especialista afirmó que es muy difícil llevar a cabo ese control, pero se han dado cuenta que con la extradición se rompen los vínculos de contacto.
“No es fácil controlar eso, pero sí nos hemos dado cuenta que importantes narcotraficantes cuando son sacados del país pierden esos vínculos y, como efectivamente usted dice, no pueden mandar a matar, a sancionar a testigos o gente importante que nos permitió obtener pruebas e imputarlos”, finalizó.
PROCESOS
Tanto en México como en Colombia existen procesos donde se deben estudiar las pruebas brindadas por el país que solicita la extradición para que se pueda conceder o denegar. En el caso de Colombia este proceso debe pasar por tribunales para definir si la persona debe acogerse a este recurso. Cabe destacar que la extradición por temas políticos no es permitida.
“Existe una Dirección de Asuntos Internacionales en la Fiscalía que establece la captura de la persona, posteriormente el Ministerio de Justicia y del Derecho -en este participa el ministro de Justicia- revisa el expediente, luego de esto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es quien dicta un concepto que puede ser favorable o desfavorable.
Después de todo esto el expediente vuelve al ministro de Justicia y al presidente de la República, quienes deciden de fondo el pedido de Casación”, explicó Gómez.
Mientras que en México esa decisión la toma la Secretaría de Relaciones Exteriores.