Poner el tema en una mesa de discusión con expertos es la intención de los diputados que tienen dudas sobre la propuesta de extradición de costarricenses en casos relacionados a temas de narcotráfico y terrorismo.
El tema vuelve a discutirse después de que el Gobierno convocara el proyecto, impulsado por la diputada oficialista Pilar Cisneros y demás compañeros de bancada de Progreso Social Democrático (PSD).
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”, es la propuesta de reforma que se plantea con este proyecto.
La legisladora independiente Gloria Navas indicó que por el momento solo están acordando llevar el tema a una mesa de estudio con participación de expertos que permitan abordarlo mejor.
Para Navas, la propuesta debe ser revisada con mucho cuidado porque puede afectar derechos fundamentales de los costarricenses, por lo cual lo más recomendable debe ser una asamblea constituyente, lo que llevaría muchos años para avanzar.
Además, sostiene que el país ha demostrado por muchos años tener un marco judicial robusto, el cual permite que los costarricenses sean juzgados de la mejor manera.
Mientras que Diego Vargas, jefe de fracción del Liberal Progresista, sostiene que, debido a lo polémico de la propuesta, el único avance que debe tener hasta el momento es ser analizada en una mesa de discusión.
“Que entremos en discusión está bien, vamos para adelante, pero tengamos claro siempre revisar con detalle toda la legalidad, los convenios y tratados internacionales que puedan ir de la mano con los derechos humanos, pensando también que la gente en Costa Rica tenga protección y los criminales reciban todo el peso de la ley”, declaró.
Los legisladores con dudas afirman que es necesario dejar claro el tema de los tratados internacionales.
Para Marta Carballo lo polémico del asunto obliga a que por el momento solo sea valorado y discutido, pero sin avanzar rápidamente. “Considero que para que continúe la discusión debemos apoyar la admisibilidad y que una comisión reciba a expertos que den sus observaciones y recomendaciones sobre la propuesta. Es un tema polémico cuya constitucionalidad debemos asegurar”, expresó.