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Costa Rica dio un paso importante en materia de justicia internacional tras la aprobación de una reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses, siempre y cuando no se encuentren en países que apliquen la pena de muerte, según explicó el abogado constitucionalista Fabián Volio.
La medida se concretó con la firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y fue celebrada por expertos en derecho, quienes consideran que se enmienda un error histórico.
Aunque la reforma habilita la extradición, se mantiene el principio de reciprocidad internacional: Costa Rica no extraditará a nacionales si el país solicitante aplica la pena de muerte, salvo que se comprometa formalmente a no imponerla.
“Esa condición ya está contemplada en los tratados internacionales y en la Ley de Extradición costarricense. El juez no autorizará una extradición si existe riesgo de que se aplique una pena que no existe en nuestro ordenamiento jurídico”, detalló el jurista.
Por ahora, no se contempla un reglamento específico, ya que, según Volio, no se puede reglamentar una norma constitucional. La aplicación concreta dependerá de la interpretación judicial y del cumplimiento de los principios internacionales existentes.
Con esta modificación, ahora será posible extraditar a costarricenses por al menos dos delitos específicos. Volio lamentó, sin embargo, que la reforma no haya sido más amplia y se limitara a solo esos casos.
“Debieron permitir la extradición por cualquier delito. Así evitamos que Costa Rica se convierta en un santuario para quienes delinquen en el extranjero”, añadió.
El cambio no afectará delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la reforma. Según Volio, las personas acusadas por hechos anteriores podrían alegar que la norma no puede aplicarse retroactivamente, por lo que solo se aplicará a crímenes cometidos tras su publicación en La Gaceta.