Extorsiones a comercios: criminales exigen cobros por “seguridad”

Propietarios no denuncian ante las autoridades

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Las extorsiones de grupos delictivos no se limitan únicamente a los préstamos “gota a gota” o “chorro a chorro”, de acuerdo con las autoridades judiciales.

A pesar de que las estadísticas de los préstamos informales van en aumento, existe una “cifra gris” relacionada con los cobros extorsivos a comerciantes.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó a Grupo Extra que, en el caso de los negocios, los grupos delictivos exigen pagos mensuales a los propietarios a cambio de “brindar seguridad”.

“Es una situación que no es por deudas, son comerciantes que tienen su local de cualquier tipo que usted quiera, pulperías, restaurantes, soda, lo que usted quiera, y reciben una llamada telefónica y les dicen que tienen que pagar por seguridad”, dijo.

Soto explicó que las amenazas empiezan con cobros mensuales de entre ¢20 mil y ¢30 mil, pero que los montos van en aumento.

Una de las preocupaciones es que, ante el temor y las amenazas, los propietarios no se atreven a denunciar ante las autoridades, por lo cual no existen registros estadísticos que permitan documentar la problemática.

“Empiezan con amenazas muy severas e incluso en algún momento se dan asaltos al local comercial, este y después reciben la llamada diciéndoles, ve, se lo advertí. Y le exigen la seguridad para que usted esté tranquilo”, explicó.

Soto fue enfático en que no se trata de una modalidad criminal exclusiva de Costa Rica, sino de prácticas que se replican en otros países de la región.

“Cuando les decimos de las denuncias, para hacer algún operativo y así detener a los sujetos, la gente no quiere, sienten temor”, agregó.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados indicó que trabaja en un plan para endurecer las sanciones contra estos extorsionadores.

“De alguna manera, esto está contemplado como extorsión en nuestra legislación, pero hay que ampliar la normativa en el sentido de que este cobro de peaje se está convirtiendo en un brazo del crimen organizado”, dijo Gustavo Mata, integrante de la comisión.

Mata señaló que esta práctica ya no puede ser considerada una “extorsión pura y simple”, sino que debe quedar cubierta bajo “la cobija del crimen organizado”.

“Sabemos perfectamente que estos grupos criminales tienen sus ramificaciones y lo que hacen es cobrar estos peajes en todo el país, desde San José hasta Limón. Usan la excusa de garantizar seguridad y de que supuestamente no les va a pasar nada”, explicó.

Por este motivo, considera que se debe “subir el nivel” del concepto de extorsión, tal como se conoce actualmente.