El Organismo de Investigación Judicial detuvo a cinco personas como sospechosas de integrar una banda dedicada a los préstamos informales llamados gota a gota en Heredia.
Al grupo, las autoridades judiciales les atribuyen delitos de amenaza, extorsión, agresión, entre otros en contra de los clientes atrasados en los pagos.
Los sospechosos de apellidos Chacón Solórzano, Hidalgo Gómez, Carballo Sill, Marín González y Romero Serrano fueron detenidos mediante la ejecución de cinco allanamientos en Barva y Santo Domingo de Heredia, así como en La Florida de Tibás donde contaron con el apoyo del Servicio Especial de Respuesta Táctica.
Esta investigación inició hace unos seis meses en la Policía Judicial.
De acuerdo con la Fiscalía, se presume que Chacón se dedicaba a realizar préstamos de dinero, por lo que la víctima le habría solicitado un monto de ¢2 millones.
“En apariencia, el 21 de setiembre del año anterior tres de los imputados fueron a buscar al ofendido a su casa y le exigieron que pagara la cuota, sin embargo, como este no la tenía, se sospecha que lo golpearon y luego se marcharon del lugar. No obstante, al parecer uno de los sospechosos envió varios mensajes a la víctima, en los que, presuntamente lo amenazó”, explicó la Policía Judicial. Según la prueba obtenida, horas más tarde los imputados regresaron a la casa del hombre donde se encontraba su esposa. Se cree que estos le indicaron a la mujer que tenían un tiempo determinado para cancelar la deuda.
Ahora estos hechos se investigan dentro de la causa 23-006922-0059-PE. Mientras los imputados se encuentran a las órdenes del Ministerio Público donde se les tomará la declaración indagatoria y posteriormente, se valorará la respectiva solicitud de medidas cautelares.
IMPONER PENAS
Uno de los proyectos de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa busca imponer penas de entre 5 a 10 años de cárcel para las personas que brinden préstamos de dinero en la modalidad gota a gota donde las tasas de interés son extremadamente altas y se hace imposible cancelar.
La iniciativa pretende castigar a los que cobran de manera extorsiva, violenta y utilizando armas con el fin de lograr el pago de la deuda. Las penas aumentarán si las personas ofendidas son adultos mayores, menores de edad y discapacitados.
El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Se encuentra en el orden del día en el Plenario para su debida votación.
El número de denuncias por extorsiones y amenazas vinculadas a este tipo de créditos viene en aumento, según reveló la oficina del Consumidor Financiero (OCF).
Según la OCF, unas 221.000 personas (7,4%) en Costa Rica acceden a este tipo de préstamos y de ellas 181.500 (5,5%) dicen haber sido víctimas de amenazas. Los gota a gota podrían movilizar unos ¢44.000 millones.