Funcionario judicial le habría informado sobre investigación
Mónica Araya, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), se desligó de la polémica póliza que el Gobierno pretende contratar para proteger a sus ministros en caso de que cometieran una falta contra terceros.
La semana anterior Stephan Brunner, vicepresidente de la República, dijo haber gestionado el seguro con la exfuncionaria.
Así las cosas, los diputados llamaron a comparecer a los dos ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
No obstante, Araya evadió cualquier responsabilidad en relación con el tema al asegurar que la póliza se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“Ninguna de las modificaciones a la nota técnica de esta póliza, en la historia de esta en la Superintendencia General de Seguros (Sugese), ha sido gestionada, aprobada, revisada, ni firmada por mí en ningún momento. Ese producto no tuvo que ver nada con mi proceso”, declaró.
“Ella no expresó anuencia o no anuencia. Ella vino como representante del INS que iba a vender una póliza. Yo le describí que cubra los gastos legales. Espero que sí haya estado consciente de lo que yo le estaba planteando (…) Ella estaba dispuesta a vender una póliza que estaba inscrita desde el 2010”, respondió Brunner.
La expresidenta ejecutiva se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas de los diputados al afirmar que “el tema está judicializado” y ella figuraba como “testigo”. Los legisladores pidieron a Araya que les indicara cuándo fue notificada, a lo que contestó que un funcionario del Poder Judicial la llamó y le informó sobre el tema.
