Tras la presentación del proyecto de la Ley Jaguar, que convocaría a un referéndum para aplicar cambios en las funciones de la Contraloría General de la República, así como reformas en las normas de contratación pública y las limitaciones en las alianzas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, expertos en derecho administrativo puntualizaron algunos fallos que tiene esta iniciativa.
Manrique Jiménez
Abogado experto en Derecho Administrativo y Constitucional
“Ese artículo 67 me parece que está bien redactado y tiene una serie de requisitos que se deben cumplir para efectos de aplicar una contratación directa o el mecanismo de contratación especial, si no se cumplen esos requisitos, no cabe el proceso de contratación directa.
Me parece que tal y como está redactada la propuesta no queda claro si en ese artículo se están eliminando esos requisitos, el articulo 67 vigente es un buen artículo, donde por lo menos están claros los requisitos de cumplimiento, como actos condición”.
Además, Jiménez cuestionó defectos técnicos en cuanto a las competencias de la Contraloría, donde deben distinguirse los controles de legalidad en Hacienda Pública y de oportunidad que la reforma no diferencia.
Marvin Carvajal
Abogado experto en Derecho Administrativo
“En síntesis, este micro proyecto está lejos de ser lo que se esperaba, conlleva graves riesgos de debilitamiento del control sobre el buen manejo de los fondos públicos, lo que lo hace inconstitucional y, además, tiene errores que deberían ser enmendados antes de continuar con su discusión.
Se trata de un pequeño proyecto, muy acotado a regular aspectos relativos al control que ejerce la Contraloría sobre el manejo de los fondos públicos. No se trata de la gran reforma del Estado que se supone que el Ejecutivo propondría”.
Asimismo, ambos abogados coincidieron en que la redacción es confusa en algunos de sus artículos, lo que temen pueda generar algún tipo de inseguridad adicional.