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En la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó como una meta “muy ambiciosa” el objetivo de reducir la tasa de homicidios dolosos en el país en 1,5 puntos porcentuales de cara al año 2030.
La propuesta oficial proyecta disminuir la cifra de muertes violentas de una tasa de 16,8 en 2025 a 15,3 por cada 100 mil habitantes para el final del decenio. Sin embargo, la mandataria advirtió que el éxito de esta estrategia de seguridad dependerá ineludiblemente de cambios y una modernización sustancial en el sistema de justicia nacional.
Durante su comparecencia, Fernández enfatizó la magnitud del reto asumido por su administración, pero lanzó un fuerte reproche directo a las autoridades judiciales por su renuencia a coordinar esfuerzos.
“Me la estoy jugando el todo por el todo por la seguridad nacional, asumiendo responsabilidades sobre una meta nacional con un poder de la República, el Poder Judicial que ni siquiera quiere dialogar al respecto con la presidente”, aseveró la gobernante.
La presidenta advirtió que triplicar la labor policial en las calles no bastará si el resto de instituciones vinculadas no asumen la crisis con corresponsabilidad.
“Podemos triplicar los esfuerzos del Ministerio de Seguridad, del de Justicia y Paz, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y de todos los cuerpos policiales del Gobierno. Pero si la crisis de seguridad pública no es asumida con el mismo nivel de responsabilidad por todas las instituciones vinculadas a ello. No vamos a lograr cumplir esta meta”, sentenció.
Fernández aclaró que sus palabras no buscan debilitar al Poder Judicial, sino enfrentar de raíz el panorama delictivo nacional.
“Decir esto en voz alta y con vehemencia no es atacar al Poder Judicial, no es debilitarlo, muy por el contrario, es mi deseo genuino como presidente de la República de tomar el toro por los cuernos entre todos los que tenemos responsabilidad en esta importantísima materia”, argumentó la Presidenta.
Pese al optimismo gubernamental, la viabilidad de la meta genera dudas técnicas en el sector académico. Karen Jiménez Morales, directora de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se mostró escéptica y consideró el plan “muy poco probable” de cumplir sin una estrategia integral que dote de recursos suficientes al sistema de justicia y apueste por la prevención social en comunidades vulnerables.
Además, la experta cuestionó el impacto real de la reducción propuesta frente al contexto histórico de criminalidad.
“Disminuirlo a 15 personas por cada 100 mil habitantes considero que sigue siendo muy grave porque seguimos estando en cifras históricas de asesinatos de personas en Costa Rica”, concluyó la especialista.
Gerald Campos
Ministro de Seguridad Pública
“Por más trabajo que hagamos los cuerpos policiales, y bien lo señaló ahorita la señora presidente, si no tenemos este trabajo conjunto al mismo ritmo y a la misma velocidad por parte del Poder Judicial. Esto va a ser como un engaño”.
Walter Navarro
Exdirector de Fuerza Pública
“Para poder bajar la tasa de homicidios, yo considero que se debe de realizar una profunda reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal. De igual manera hacer una fuerte inyección en recursos, tanto materiales como humanos, que vengan a fortalecer la presencia de los cuerpos policiales en las calles”.
Karen Jiménez
Directora Ciencias Policiales UNED
“Disminuirlo a 15 personas por cada 100 mil habitantes considero que sigue siendo muy grave porque seguimos estando en cifras históricas de asesinatos de personas en Costa Rica”.


