Expertos piden más propuestas para impactar recursos del crimen 

Aseguran que proyectos de seguridad del Gobierno eran necesarios

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Los proyectos de ley planteados por el Gobierno para combatir la criminalidad son necesarios, de acuerdo con expertos en temas de seguridad y carcelarios. 

Sin embargo, señalan que las propuestas son muy “básicas” y “obvias” en algunos aspectos, pero que vienen a impactar en menor nivel la violencia y la inseguridad.

“Debemos entender que es un esfuerzo que se viene realizando después de muchos años de que no se hacían cambios en materia de seguridad”, dijo Bryan Sandí, experto en seguridad.

Además, consideran que son temas que se han aplicado en otros países hace mucho tiempo y ha dado resultados positivos. 

Walter Navarro

Ex viceministro de Seguridad

“Muchas de estas medidas vienen a retomar la autoridad de los cuerpos policiales, vienen a sancionar con más fuerza a quienes cometan delitos contra policías o haga uso de la fuerza en contra de las autoridades, y principalmente cuando existan casos de reincidencia, debemos tener a policías más empoderados, pero usando la fuerza como corresponde”.

Los analistas señalaron que esto es solo un primer paso y que faltaron medidas para impactar los recursos del crimen organizado. 

Luis Arguedas

Exdirector de Adaptación Social 

“Hay una serie de condiciones que deben revisarse para poder establecer una ley de cero ocio en los centros penales, es muy oportuno que se valore la contratación de personal penitenciario, tanto policial, técnico y administrativo, para poder hacer del trabajo en las cárceles una realidad, ya que, si se hace, es de beneficio para los costarricenses”.

“La propuesta no contempla temas del crimen organizado, es decir, que no persigue el dinero o las ganancias, aquellos factores que permiten que las organizaciones criminales se formen”, subrayó el criminólogo Rodrigo Campos. 

Para Campos, más que atender las consecuencias se deberían enfocar en las causas. Los analistas señalan que se necesitan retomar los planes enfocados en impactar los capitales emergentes y que no han avanzado a nivel legislativo. 

“Hay una carencia hacia un enfoque de legitimación de capitales, crimen organizado y el trasiego internacional de drogas, que es un flagelo muy fuerte en el país por su posición geográfica”, agregó Sandí.

Ewald Acuña

Abogado constitucionalista

“El proyecto de ley que contempla la
figura de la legítima defensa presunta en favor de policías, esto implica un riesgo en la línea de que se establece como una presunción legal del
uso de fuerza por parte de los cuerpos policiales,
lo que permitiría eventualmente abrir un portillo para temas de abuso de autoridad”.

Lo que plantean los expertos es cortar los recursos de golpe a estos grupos y así evitar que sigan creciendo a nivel local e internacional: “Si no perseguimos el dinero vamos a seguir igual”.

Falta de recursos en cárceles

Una de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo es la ley de cero ocio en las cárceles, con la intención de poner a trabajar a los privados de libertad en todas las cárceles.

Sin embargo, exdirectores de Adaptación Social señalan que el trabajo en las cárceles siempre ha existido, pero no hay recursos suficientes para que todos los reos trabajen.

“La obligatoriedad en la ocupación siempre tendrá que ser relativa porque dependerá de lo que la persona decida, se podrá dialogar y disuadirla para que lo haga, pero no se le podrá obligar, incluso considerando la pérdida del descuento de la pena o de ubicación en otros niveles de Atención”, dijo Mariano Barrantes, exdirector de Adaptación Social. 

Para Luis Arguedas, exdirector de Adaptación Social, se deben retomar las opciones con la empresa privada para que estas personas reclusas puedan trabajar.

“En relación con el fondo de reinserción social me parece muy oportuno, pero hay que definir quién va a llevar el control de esto, porque actualmente hay escasez de personal a lo interno de los centros penitenciarios”, afirmó.

Los seis proyectos deberán pasar por un análisis y filtro de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, y así determinar si se pueden aplicar con toda la legalidad.