Expertos explican por qué jueza ordena restituir derechos a alias “Diablo” 

El Tribunal Penal de Pococí ordenó al Ministerio de Justicia y Paz restituir de forma “inmediata e impostergable” derechos básicos a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, tras determinar que el régimen de aislamiento absoluto impuesto por el Ejecutivo violaba normativas nacionales e internacionales. 

La decisión judicial se fundamenta en que, si bien la seguridad es prioritaria, el sistema no puede prohibir totalmente garantías como el acceso a la luz solar, las llamadas y las visitas, por la amenaza de incurrir en tratos crueles o degradantes.

Para los expertos en derecho penal y penitenciario, la orden de la jueza de ejecución responde a un límite infranqueable en la Ley. 

El abogado penalista José Luis Campos explica que, aunque existan necesidades de seguridad evidentes, “no por ello se puede dejar de lado los derechos que puede tener la persona privada de libertad, sea quien sea”.

Campos enfatiza que los reglamentos prohíben la tortura y penas inhumanas, lo que impide “aplicar penas corporales en cierros en celdas oscuras o sin acceso a servicios básicos”, especialmente tratándose de una medida cautelar de prisión preventiva.

El exviceministro de Justicia, Guillermo Arroyo, destaca que Costa Rica está obligada por convenios internacionales que impiden el aislamiento absoluto. 

“Llegar a prohibir absolutamente todos los derechos o las garantías que puede tener una persona, se vuelve muy poco probable que se sostenga en el tiempo”, dijo el exjerarca.

Arroyo argumenta que, si bien es razonable aumentar restricciones en casos complejos, el sistema “no puede prohibirlas totalmente”, pues se debe mantener un nivel mínimo de acceso a condiciones humanas básicas.

Por su parte, la exviceministra Fiorella Rojas aclara que, según el Reglamento del Sistema Penitenciario, quienes están en máxima seguridad mantienen los mismos derechos que cualquier otro reo, solo que bajo “mayores restricciones operativas”. 

Rojas es tajante al decir que “máxima seguridad no significa ‘sin derechos’” y que cualquier limitación debe ser siempre proporcional para no convertirse en un “trato cruel, inhumano o degradante”.

El fallo judicial

Tras un incidente de queja de la defensa, la jueza ordenó garantizar el acceso diario a aire libre y luz solar (citando las Reglas de Nelson Mandela), permitir llamadas periódicas con su abogado y rehabilitar las visitas familiares.

La reacción del Poder Ejecutivo no se hizo esperar. 

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, manifestó que la orden judicial representa un “gravísimo riesgo para la fuga de información desde las cárceles y que se sigan girando órdenes”. 

Aguilar lamentó que se haya echado para atrás un protocolo que buscaba la anulación comunicativa del criminal.

La exdiputada Pilar Cisneros defendió la necesidad de medidas excepcionales: “Aquí lo que tiene que imperar es la seguridad nacional. No estamos hablando de un delincuente común”. 

Cisneros advirtió con preocupación que las horas de sol y las llamadas “son momentos donde la persona queda expuesta y no queremos que eso pase”, insistiendo en que se trata de un prisionero “extraordinariamente peligroso”.

Por su parte, la presidenta Laura Fernández centró su indignación en el sistema judicial, cuestionando que el defensor de “Diablo” fuera un exfiscal con 23 años de carrera en la institución. 

“Me deja perpleja que un funcionario del Poder Judicial de carrera de 23 años de buenas a primeras renuncie y ahora aparece como el abogado defensor del criminal más buscado por Costa Rica”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

Fernández sentenció que “el Poder Judicial va a tener que dar cuentas al pueblo de Costa Rica de todo lo que hagan sus jueces y sus fiscales”.

Mientras Justicia prepara la apelación, el caso de alias “Diablo” evidencia la resistencia de las garantías individuales frente a las demandas de mano dura en la seguridad pública.