Expertos creen que presidente fue mal asesorado

“¡Inconstitucional, populista y mal fundamentado!”, es como los expertos califican el decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, que busca que las personas condenadas por delitos de crimen organizado, delitos contra la vida y delitos sexuales no puedan ir a un régimen de confianza antes de que cumplan la mitad de la pena.

El mandatario hizo el anuncio de la reforma al Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional con el fin de supuestamente frenar los beneficios que considera están por la libre y que necesitan ser mucho más rigurosos.

“Con este decreto vamos a acabar con esa alcahuetería de darle beneficios a delincuentes condenados a altas penas de prisión y que a los pocos años ya los vemos en nuestras calles, sin que se lograran reinsertar adecuadamente a la sociedad”, manifestó Chaves, después del Consejo de Gobierno.

Además, afirmó que el Poder Ejecutivo va a presentar a la Asamblea Legislativa reformas legales que devuelvan la tranquilidad a los costarricenses.

DECRETO EN EL AIRE

Para el exmagistrado Celso Gamboa el decreto no es la solución ni la contribución a la ola de violencia que vive el país.

“Lo que está diciendo el presidente es inviable e inaplicable, porque no pueden existir sentencias por delincuencia organizada porque esa la ley no existe, ya que el artículo 2 está derogado, aunque actualmente algunos jueces hallan extendido la cobija y hallan dicho qué sí está vigente, al final del camino los tribunales de mayor jerarquía y que aplican la ley dicen que no lo está. La iniciativa está bien, pero ¿cómo lo hacen sin respaldo normativo? ¿Por qué en lugar de eso no apoya el proyecto 23.208 que está ahí empantanado?”, dijo.

Por su parte, el abogado constitucionalista Fernando Zamora cree que si el presidente de la República desea acortar los plazos que le permitan al sistema carcelario modificar la forma en que se ejecuta la pena, o bien endurecer las condiciones en las que esta ejecución se da, el camino correcto es presentar en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de ejecución penal.

“Ese es el procedimiento óptimo. Si bien es cierto, un decreto puede modificar el reglamento del sistema penitenciario, no puede ir más allá de lo que la ley permite, por lo que pretender resolver nuestro problema de debilidad o alcahuetería en la ejecución de las penas con un simple decreto

 es una muy mediocre forma de hacer las cosas”, expresó.

DIARIO EXTRA intentó conversar con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, sobre el decreto firmado y lo que consideran los expertos, pero no contestó a nuestras llamadas.

Expertos opinan

Carlos Chinchilla,
exmagistrado

“Me parece que vía decreto no se puede hacer eso, jamás, nunca, eso es inconstitucional de primera plana. Si lo hacen directamente con una ley que apruebe la Asamblea Legislativa, por supuesto que sí es válido y no hay ningún problema, pero hacerlo con un decreto ejecutivo no es prudente. Me parece que lo que está haciendo el presidente es dando una señal de que quiere mejorar las condiciones en que estamos en este momento en el país, pero que lo haga en forma correcta, bajo los lineamientos adecuados y por una ley de la República que únicamente la pueden hacer los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa”.

Rafael Gairaud, 

abogado penalista

“En primer lugar, todo eso ya se encuentra regulado por la ley, en el sentido de que la ley es la que establece los parámetros de los cuales se regula el tema de la ejecución de la pena. Sin embargo, tengo que decir que en el tema ya interno de Adaptación Social es lo que él podría regular. Él no puede entrar a través de un decreto a regular todo lo que tiene que ver con el tema de ejecución judicial de la pena, o sea, todo aquello que son las normas que aplican los juzgados de ejecución de la pena o el mismo tribunal sentenciador y podría modificarse el reglamento penitenciario que establece las regulaciones del proceso progresivo que se creó a través de la reforma del sistema penitenciario y que establece una serie de presupuestos o de normas que permiten que, desde el punto de vista técnico, pueda una persona que está en prisión entrar en etapas de mayor libertad”.

Roy Murillo,
juez de ejecución de la pena

“Habría que revisar su constitucionalidad y si tiene roces o no con el principio de igualdad, porque las disposiciones generales del procedimiento no hacen exclusiones tajantes por tipo de delito y lo que debería imperar son las condiciones personales y sociales de cada usuario y no etiquetar a la gente por tipos de delitos. En todo caso, la medida habría que ver qué tan efectiva es, porque si hay una población que en el sistema es renuente y reacia a egresar es la población ofensora sexual, porque tienen que completar unas terapias, tienen que aceptar su responsabilidad, llevan un proceso previo de sensibilización y difícilmente un usuario por esos delitos egresa antes de la media pena”.

José Pablo Bonilla,
 abogado penalista

“Es una posición respetable del presidente, pero yo no la comparto porque realmente el tema criminal en Costa Rica no se resuelve ni aumentando penas ni coartando derechos que permiten a las personas la reinserción. La solución está en la creación de política social, fuentes de empleo, permitir a las costas volver a pescar, porque en Puntarenas están prácticamente prohibidas todas las pescas, en Limón se desincentivó las pesquerías y en San José hay bastante empleo, pero para mano de obra calificada”.