Tras señalamientos de Nayib Bukele
Tras los señalamientos en materia de seguridad que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expertos concuerdan en que los Poderes de la República deben unirse para enfrentar este flagelo.
Después de una visita oficial a la cárcel La Reforma declaró a los medios de comunicación que al líder electo de una nación se le deben brindar las herramientas necesarias.
“Al líder electo se le deben dar las herramientas para combatir lo que debe combatir, en este caso la inseguridad”, dijo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sobre lo que debe hacer el país para atender la situación del crimen organizado.
“Yo creo que se puede discutir quién puede ser el líder, eso es básico en cualquier democracia, pero una vez electo, así como a los policías, se le deben dar las herramientas para combatir lo que debe combatir, si es la inseguridad, pues para la inseguridad”, expresó.
Considera que no se puede estar debatiendo eternamente sobre cómo enfrentar un problema, donde todas las personas e instituciones dan su criterio, pero no se avanza en las soluciones.
“No se puede pasar debatiendo infinitamente, cada uno puede salir con otra idea, y así los demás con otra idea. Ese debate estéril e infinito no va a llevar a nada más que perder la batalla contra la criminalidad”, manifestó.
Medios internacionales hicieron eco del llamado de Bukele a que las instituciones se unan en un frente común en Costa Rica para combatir el crimen organizado, situación que no ha ocurrido por múltiples diferencias entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
FRENTE COMÚN
Costa Rica acumula 760 homicidios hasta la fecha, mientras que en 2023 contabilizó 907. El politólogo Sergio Araya indicó que la sugerencia de Bukele de unir fuerzas a nivel nacional para esta lucha contra la criminalidad tiene sentido si se parte de la realidad institucional costarricense.
“Tenemos que cerrar filas, que articular. El cómo es lo que debe definirse de forma tal que sea conforme a nuestro ordenamiento jurídico e institucionalidad, pero ciertamente todos debemos alinearnos y entender que esta problemática nos trasciende, por lo que se debe hacer un frente común”, afirmó.
Por eso considera que cada uno de los poderes de la República debe aportar desde su trinchera, desde sus capacidades y conforme a lo que le permite la Constitución Política, para encauzar este combate nacional contra el narcotráfico y los grupos criminales.
“El Poder Legislativo aprobando las normas y leyes que correspondan, o derogando aquellas que ya cumplieron su vida útil; el Poder Judicial en su ámbito de acción haciendo cumplir las normas y que se procure la justicia pronto y cumplida, así como efectiva”, agregó.
En el caso del Poder Ejecutivo, Araya asegura que debe ejecutar las políticas públicas relacionadas con prevención y represión de esa criminalidad, así como la administración de los recursos para ejecutar las estrategias.
Para Carlos Murillo, académico universitario y analista político, la unión de fuerzas de toda la institucionalidad es un paso que se debió dar hace mucho tiempo, si realmente se deseaba impactar el crimen organizado.
“La situación de inseguridad de Costa Rica no se resuelve sin una política de Estado construida de forma de consenso, a través, primero, de los tres poderes de la República, con la adopción de leyes claras, que no hemos visto, tanto por la Asamblea Legislativa como por Casa Presidencial”, indicó.
Además este llamado al cierre de filas también debe enrumbarse a que la institucionalidad determine la fuente de los recursos que garanticen esta lucha contra la criminalidad, según Murillo.
“Todo esto pasa por un punto de coordinación. El resultado final requiere un trabajo conjunto de fuerzas policiales, tribunales y cuerpos de inteligencia, así como de los recursos para las instituciones involucradas y que puedan dar su aporte a esta lucha”, afirmó.
Por otra parte, hace un llamado a cada una de las partes involucradas para que dejen de tomar decisiones unilaterales en este combate contra la criminalidad, ya que esto facilita el accionar de los grupos organizados.
CIUDADANÍA
De acuerdo con los expertos, la ciudadanía también juega un papel fundamental en el control de la inseguridad, pero no en la toma de la justicia por sus propias manos.
Araya señaló que en años anteriores los ciudadanos participaban en programas como policía comunitaria o barrios organizados, acompañados por la Fuerza Pública en temas de seguridad preventiva.
“Hoy con todas las innovaciones que ofrece la tecnología hay organizaciones internacionales que promueven que una forma efectiva de prevenir la delincuencia y el crimen organizado es contar con una ciudadanía consciente y con deber cívico de denunciar irregularidades que se estén dando en su ambiente”, dijo Araya.
Para ello es importante fortalecer los mecanismos que permitan a las personas elevar las denuncias a las autoridades y en una misma sintonía sean las principales encargadas de resguardar sus territorios.
Lo anterior con el objetivo de que se recuperen espacios sociales y comunitarios que se han ido perdiendo, donde los vecinos y las familias compartan, como los parques y otros espacios públicos, que poco a poco han sido tomados por el hampa.
“Cada uno en su rol, cumpliendo con su parte, en el contexto general de un ordenamiento jurídico que se debe ajustar y entendiendo que es un tema que convoca a unir los esfuerzos, pero dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”, enfatizó el politólogo.
