Las investigaciones en torno al caso conocido como Madre Patria también mencionan a un exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El informe 01-IP-OECDO-2024, del que Diario Extra tiene una copia, señala que el 16 de agosto de 2023 a las 11:42:06 a.m., cuando Luis Amador fungía como ministro de esa cartera, dos de los principales imputados en el caso, Herrera González y Miranda Vargas, lo mencionaron en sus conversaciones. Si bien es cierto el expediente no menciona directamente el nombre de Luis Amador, por la fecha de la llamada era este quien encabezaba dicho ministerio.
De acuerdo con el expediente, Carlos Ávila, viceministro de Transportes y Seguridad Vial, habría redactado los documentos para Herrera González, con el propósito de favorecerlo en algunas concesiones, y sería el entonces titular del MOPT quien los recibía.
“Jonathan le responde: ‘Huevo, le voy a decir lo mejor, a mí me alista, le voy a contar algo y si usted dice, yo digo que es mentira: los documentos me los hace el viceministro a mí y yo se los llevo al ministro’.
Todo lo llevo yo ya en hoja hecho y el ministro me dice: ‘Mae, esto yo lo tengo, esto nosotros lo hemos movido’. Yo le digo: ‘Yo sé porque mi asesor me lo hace’”, se lee en el informe.
Añade: “Mi asesor sabe que ustedes esto lo tienen pegado”. El sujeto le dice que se busque algo que diga que se necesita la ayuda de los diputados y él (sujeto) se encarga, “yo sé con quién, yo sé quién para conseguirle la firma de los dos diputados, de Naranjo y de Grecia, y de todo eso”.
En el mismo documento que figura como parte del informe al que este medio tuvo acceso también se explica que dicha llamada refleja que al menos en agosto de 2023 ya existían contactos con políticos, pues Herrera González manifestó que ya se había reunido con un viceministro. Luego afirma que los documentos se los hacía dicho funcionario y que posteriormente se los lleva al ministro de ese momento (Luis Amador).
“Lo cual evidencia parte de los favores que recibe este grupo criminal, aprovechando los conocimientos de estos funcionarios en cuanto a confección y presentación de documentos para favorecer al grupo.
Documento que por el estado de las investigaciones no se logra corroborar su contenido, pero evidencia la llamada, la ayuda que los investigados reciben por parte de funcionarios, incluso de alto rango o jerarcas de ministerios”, detalla.
Palestra
El caso volvió a la palestra esta semana, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República incautaron teléfonos a cinco altos funcionarios públicos: un legislador, un viceministro, una alcaldesa, una presidenta ejecutiva y una alta funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Las personas a las que se les quitaron sus celulares para investigar las conversaciones son Leslye Bojorges, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Ávila, viceministro de Transportes; Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón; Marlen Luna, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); y Suárez Barboza, directora de Infraestructura Educativa del MEP.
Este rotativo se comunicó con Ávila para conocer su reacción, sin embargo, este remitió al departamento de prensa, sin embargo, declaró: “En días pasados se me decomisaron los dispositivos celulares, es un caso que está en investigación y colaboraré con las autoridades en todo lo que necesiten durante el proceso”.
En cuanto a Luna, esta comentó el miércoles que las autoridades le dijeron que “traen una orden del fiscal general para incautar mi teléfono. Yo facilito el dispositivo”. Bojorges también reaccionó este jueves al manifestar que sostuvo un encuentro con empresarios españoles, hoy detenidos por su presunta implicación en el expediente, con el objetivo de buscar soluciones para la comunidad de Barrio San José.
Sobre uno de los líderes
Es necesario explicar que Herrera González fue identificado por las autoridades como un hombre de confianza del líder de la organización criminal.
Actualmente se desempeña como administrador de la empresa de autobuses de un sujeto de apellido Gómez, la cual se ubica en Barrio San José, Alajuela, al costado sur del parque.
Mantiene 33 registros como imputado en área penal por delitos de estafa, falsedad ideológica y otros similares.
Según las investigaciones, tiene pleno conocimiento de las actividades ilícitas desarrolladas por el líder del grupo delictivo, colaborándole además como supuesto testaferro.
“Este sujeto desempeña un papel muy importante, ya que se ha encargado de mantener contacto con funcionarios públicos corruptos del Consejo de Transporte Público (CTP), quienes aprovechan su puesto para favorecer a la organización en otorgar concesiones y permisos de funcionamiento en el servicio de transporte público”, revela la investigación.
Amador reacciona
Pese a lo señalado en el expediente, Diario Extra conversó con el exministro Luis Amador, quien dijo que todos los temas relacionados con empresas autobuseras son resorte del viceministro Carlos Ávila.
“Como le corresponde a cualquier ministro de Transportes, en ocasiones fui convocado por Presidencia de la República para atender autobuseros, pero no recuerdo haberme reunido con esta persona en particular”, aseveró.
Añadió: “Lo usual era que el viceministro Carlos Ávila atendiera los asuntos de autobuseros y coordinara con el Consejo de Transporte Público las agendas de temas para cada sesión de junta directiva”.
Prosiguió: “Me extraña mucho que se sugiera que alguna gestión viniera a mi persona, pues todas las gestiones y decisiones, hasta donde yo tuve conocimiento, se tomaban en la junta directiva del CTP y siempre siguiendo las recomendaciones legales y técnicas. Nunca ninguna gestión de autobuses se resolvió en mi despacho, pues simplemente yo como ministro no tenía ninguna potestad para hacerlo”.
