Joselyn Chacón, exministra de Salud, denunció ante la Comisión Especial Permanente de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa que fue amenazada por la empresa EBI con ser llevada a un arbitraje internacional si continuaban las investigaciones sobre las denuncias presentadas por vecinos de los rellenos sanitarios administrados por la compañía de capital canadiense.
La exfuncionaria afirmó: “No tengo nada en contra de la empresa, siempre traté de llegar a negociaciones con la empresa”.
A pesar de ello, recibió un oficio el 12 de setiembre de 2022, donde le recordaban la obligatoriedad de respetar la seguridad jurídica de las empresas de capital canadiense, al amparo del tratado de libre comercio con Canadá.
También le indicaron que, de continuar lo que la compañía llamó persecución por parte del Ministerio de Salud, acudirían a arbitrajes internacionales.
Chacón afirma que el tono de la carta es de guerra y que ella siempre ha evitado ese tipo de confrontación.
Además, asegura que en la misiva la amenazan con interponer una demanda internacional si existía alguna medida por parte del Ministerio de Salud.
REACCIONES EN LA COMISIÓN
Estos planteamientos de la exministra ante la Comisión de Medio Ambiente no quedaron sin respuesta de los diputados de dicho órgano legislativo.
Par el frenteamplista Ariel Robles es de reconocer la lucha que ha hecho Chacón en este tema en particular.
“Primeramente quiero reconocer todo el esfuerzo que realizó durante su gestión sobre este tema en particular porque fue evidente ante la gestión pública que había una atención prioritaria sobre el tema. No es común ver a una jerarca en los rellenos sanitarios como usted lo hizo, esa fue una gestión indicada”, expresó.
Robles también consideró que la apreciación de la exministra sobre la supuesta amenaza es correcta e interpreta que de la carta se desprende esa amenaza.
“Se para el sol al ver esto. Evidentemente en un tonito de emplazamiento a una jerarca pública, como diciendo no se meta aquí porque si no, nosotros vamos a activar los protocolos internacionales.
Llegan incluso a tachar de persecución política que una jerarca haya decidido acompañar a unos funcionarios a una inspección”, manifestó Robles en la Comisión de Medio Ambiente.
EL OFICIO EN CUESTIÓN
DIARIO EXTRA tiene una copia de la carta que provocó la molestia de la exministra. Esta se refiere al oficio GG-502-2022, enviado por EBI al Ministerio de Salud el 12 de setiembre de 2022.
El escrito empieza cuestionando que, en los meses anteriores a la misiva, funcionarios de entes internacionales como el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llegaron al relleno sanitario de El Huazo, a solicitud de la ministra, sin que les comunicaran ninguna investigación.
Más adelante el oficio plantea que cada cuatro años un grupo de personas detractoras de los proyectos se acercan a las nuevas autoridades y su retórica es hablar mal de esos proyectos.
Sobre este punto Robles reaccionó en el foro legislativo y le recordó a la empresa que “esos detractores” son vecinos de la comunidad.
En la misiva en cuestión EBI le recordó a Chacón que la empresa es de capital canadiense y que, a la luz del tratado de libre comercio entre Canadá y Costa Rica, si se siente perseguida activará la cláusula arbitral para defender sus derechos patrimoniales.
Finalmente, la empresa solicitó una audiencia con la entonces ministra para que se le informen cuáles son las investigaciones en curso y de esa manera preparar su defensa.
EBI RESPONDE
El Periódico de Más Venta en Costa Rica consultó a EBI sobre las aseveraciones hechas en la Comisión de Ambiente y la empresa asegura que la carta en cuestión no se escribió en tono amenazante.
Para la compañía EBI “es absolutamente falso que existiera una amenaza. Citar los preceptos de un tratado internacional no constituye una amenaza. Antes bien, es el ejercicio de un derecho”.
La empresa añade: “Ante algunas arbitrariedades confirmadas judicialmente, como el caso del Parque VIVA y habiéndose percibido actos persecutorios por parte de la autoridad de Salud, tal y como se indicó en la nota, como empresa de capital canadiense solicitamos una audiencia con la ministra de turno en aquel momento, la cual no nos fue concedida, por lo que procedimos a valorar la aplicación de los protocolos que establece el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, como garantía y único método de defensa viable y efectivo ante cualquier eventual desviación o abuso que pudiera afectar los derechos y garantías de la empresa en el país”.