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El Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José inició el debate contra el exmagistrado Celso Gamboa, el alcalde Johnny Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith por el presunto delito de tráfico de influencias.
Se trata de un debate que estaba programado para enero de 2020, pero que se suspendió debido a que la Fiscalía pidió un tribunal colegiado, así como un dictamen por una incapacidad psiquiátrica que tenía Smith en ese momento.
El juicio, que se llevó a cabo un año después de la fecha original programada, empezó con la lectura de la acusación y el detalle de la acción civil resarcitoria.
Los defensores de Gamboa y Smith solicitaron que no se publicara la voz ni la imagen de los imputados, petición que acogió el tribunal conformado por las juezas Adriana Tenorio Jara e Ivannia Delgado Calderón, así como quien preside Roy Jiménez Mata.
ACUSACIÓN
Los hechos que se juzgan ocurrieron antes de las elecciones municipales de 2016, cuando Araya Monge al parecer obtuvo un documento con ayuda de Gamboa y Smith con la intención de demostrar a una periodista de un medio de comunicación escrita que no tenía causas penales abiertas en su contra.
“Se materializó una ventaja indebida en su favor, puesto que el acusado Johnny Araya Monge ya no figuraba como imputado en la sumaria 12-000096-621-PE, lo cual le permitía figurar ante la opinión pública como un candidato a alcalde sin causas penales, hechos que a criterio del Ministerio Público constituyen un delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada”, dijo Melissa Quirós Rodríguez, representante del Ministerio Público, quien dirige el debate junto con su compañero José Pablo Miranda Hurtado.
De acuerdo con la pieza acusatoria, Monge se enteró de la causa por cuestionamientos de la periodista, por lo que entre el 25 de noviembre de 2015 y el 8 de enero de 2016 Gamboa y Smith habrían realizado una serie de gestiones para influir en la fiscala del Ministerio Público.
“Todo para favorecer al acusado Johnny Araya Monge y lograr para él una ventaja indebida”, continuó la funcionaria.
Araya obtuvo el oficio Fapta-08-2016, el cual le presentó a la comunicadora. En dicho documento decía que no figuraba como imputado en la causa.
DAÑO SOCIAL
Paola Madriz Pérez, representante de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó el reclamo civil porque consideran que se generó un daño a la sociedad.
Para ello realizaron un análisis matemático, estimando los montos que corresponden a la presunta participación de las personas que figuran como imputadas en el proceso.
“Los hechos que han sido acusados por el Ministerio Público retratan un acto de corrupción y una violación grosera al deber de probidad que, según la tesis, ha sido realizada por los funcionarios que a la fecha de los hechos ocupaban cargos de alto nivel dentro del Ministerio Público con el fin de favorecer a don Johnny Araya, que se enfrentaba a un proceso político, resulta un acto de corrupción sin duda alguna y con ello se genera un daño a la sociedad”, indicó.
Agregó: “Con fundamento en un peritaje actuarial matemático que consta en el expediente, se concretó nuestras pretensiones de la siguiente manera en el caso de don Johnny Araya se estableció el monto de la indemnización en la suma de ¢12 millones, en el caso de doña Berenice Smith esta suma asciende a los ¢15 millones y en el caso de don Celso Gamboa ¢15 millones”.
A estos montos deben sumarse los intereses que se generen desde el momento en que se realizaron los hechos hasta su pago efectivo, así como las costas procesales.
VIOLACIÓN DE DATOS
Los abogados defensores insistieron en que sus clientes no cometieron ninguna ilegalidad, lo cual se demostrará a lo largo del debate, sosteniendo la tesis de que no se incurrió en un delito.
Por el contrario, señalaron que hubo una violación de los datos por parte de la jefa de prensa del Ministerio Público.
Los litigantes criticaron que la prensa tuviera acceso a la información sobre las causas judiciales en contra de los candidatos a alcaldes, incluido Araya Monge, pues consideran que hubo una falta al artículo 295 del Código Procesal Penal.
“Señores jueces estamos viviendo en este país el desmoronamiento del sistema democrático avanzando a pasos agigantados a un estado autoritario. La importancia de este proceso es porque hay que volver por los fuegos democráticos, no se puede inventar una causa porque nos caiga mal Celso Gamboa o para que don Johnny Araya no sea alcalde y llevarse en el arrastre a doña Berenice Smith que es una señora, funcionaria pública intachable y perdió la jubilación y toda su vida”, dijo Francisco Dall’Anese, abogado de Smith.
El defensor recalcó que a su parecer no hubo un tráfico de influencias. “Todo lo contrario, las pavas les están tirando a las escopetas, se está utilizando la autoridad para perseguir inocentes.
Conozco la historia del puesto de periodista del Ministerio Público, desde siempre se filtraban las noticias, denuncias, pruebas y se logró tener en el Ministerio Público una periodista para que en vez de filtraciones se generaran noticias oficiales, protegiendo a los imputados como lo establece la ley, protegiendo el principio de inocencia.
Bueno, resulta que se ha desnaturalizado y ahora la oficina de prensa del Ministerio Público es la que pasa la información que no se puede dar a la prensa, perjudicando la imagen de los imputados”, añadió.
DESCARTÓ AMISTAD
Como parte del debido proceso, tras las ponencias de los defensores, los jueces realizaron la identificación de los imputados, iniciando con Celso Gamboa Sánchez.
Cuando estuvo en el banquillo no dio su versión de lo ocurrido, sino que pidió se leyera la declaración indagatoria que brindó al Ministerio Público, en la cual negó los cargos de tráfico de influencias.
Posterior a la lectura realizada por el Tribunal, el exmagistrado respondió preguntas a su abogada y hermana Natalia Gamboa Sánchez.
En ese intercambio de abogada-cliente Celso rechazó que existiera una relación de amistad con el alcalde de San José.
Sobre Tatiana Vargas Vindas, jefa de prensa del Ministerio Público, dijo: “Tuvimos una amistad íntima en algún momento, muy personal. Yo luego me fui un tiempo del Poder Judicial, la retomamos después, cuando regreso, y por circunstancia de vida la oficina de prensa me es asignada a mí”.
Añadió: “Tuvimos una amistad que no terminó en los mejores términos, los seres humanos todos nos equivocamos”.
Después de esta intervención siguió la identificación de Berenice Smith, quien aclaró que daría una declaración más adelante en el debate.
ALCALDE DECLARÓ
Por último identificaron a Johnny Araya Monge, alcalde de San José, quien dio una declaración sobre su participación.
“Celebro mucho y me alegra que estemos en este juicio. Es una oportunidad para aclarar los hechos, para demostrar que mi actuación estuvo apegada a derecho y por ello es que rechazo los cargos”, aseguró.
Dijo que pidió información, como puede hacerlo cualquier persona ante cualquier oficina de prensa, luego de que vía telefónica en diciembre de 2015 una periodista le hiciera unas consultas por una causa penal en la que figuraba como imputado.
“No era funcionario público, ni alcalde, no tenía una posición de poder, estaba viviendo mi momento más adverso en mi carrera política. No tenía poder para ejercer presión a ningún funcionario público”, declaró.
Se refirió también al oficio número 1625-2018 de la Corte Suprema de Justicia, fechado en diciembre de 2018, donde los magistrados concluyeron que actuó apegado a derecho al solicitar a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por medio de una nota que se certificara que él no figurada como imputado en el expediente 12-000096-621-PE.
ACTA POLÉMICA
Durante el debate se destinaron varios minutos a atender la solicitud de la defensa de Araya Monge de incorporar como prueba para mejor resolver el acta 55-2018 de la Corte Plena, donde se refiere al criterio del alcalde.
Se trata de un acuerdo en el que se analiza un proceso en contra de Celso Gamboa, pero se emite un criterio en el que se valida la consulta hecha por Araya.
Alfonso Ruiz, uno de los abogados de Araya, dijo que ofrecían el acta como prueba para mejor resolver porque no supieron de ella hasta después de la audiencia preliminar y del juicio que se suspendió en enero de 2020.
“Consideró el órgano director que propiamente la gestión planteada por el señor Johnny Araya Monge en cuanto a aclarar su condición dentro del proceso penal resulta válida y legítima como usuario del sistema que se siente perjudicado, como bien se indica en los alegatos conclusivos; no obstante, un usuario no tiene por qué saber cuáles son los procedimientos internos de una determinada oficina o institución, básicamente puede pedir lo que le parezca a su leal saber y entender, pero es el funcionario público el que está obligado a denegar gestiones improcedentes o adecuarlas a los procedimientos o normas”, señala el acta.
Natalia Gamboa y Yazmín Rodríguez, abogadas del exmagistrado, se opusieron a la incorporación de la prueba al alegar que se trata de un expediente que involucra a su cliente y es privado.
Los jueces determinaron que más adelante en el juicio decidirán si autorizan la incorporación de la prueba.
ATRASO
El juicio comenzó casi una hora más tarde de lo programado, en vista de que el tribunal consideró que no se estaba cumpliendo con los protocolos de distanciamiento estipulados por el Ministerio de Salud.
Incluso, al ingresar a la sala el tribunal dijo a los presentes que se debía desalojar, pues tenían que reacomodar el espacio.
“Estamos iniciando tarde por el acomodo de esta sala de debates, estamos tratando de cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud. Por todos es sabido que estamos en pandemia en este momento, no hemos superado esa etapa y tenemos que cumplir con esos lineamientos”, expresó el juez Roy Jiménez.
El debate se lleva a cabo en la sala de juicios número 3 de los Tribunales de Goicoechea.
EL CASO
A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales de 2016.
En esa ocasión, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
El liberacionista aparecía junto con tres personas en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, la cual al final se desestimó en marzo de 2016.
La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.
De acuerdo con dicha denuncia, en la gestión a favor del alcalde josefino habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la entonces fiscala adjunta Berenice Smith.